A partir del 30 de junio de 2025, las administraciones locales, tanto municipales como departamentales, serán las responsables de garantizar la alimentación de los privados de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía. Así lo establece una orden de la Corte Constitucional emitida en 2022, que comenzará a regir en firme desde esa fecha, pese a los múltiples llamados de alerta por parte de alcaldes y gobernadores del país.
La decisión implica un cambio drástico en la logística y en el manejo de recursos de las entidades territoriales, que hasta ahora no tenían esta obligación directa y que enfrentan grandes desafíos fiscales.
Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la preocupación es creciente. Su presidente y actual alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue enfático en señalar que muchas ciudades no cuentan con la infraestructura, el personal ni los recursos necesarios para asumir este nuevo reto.
“Hay que hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que esto no se implemente todavía, pues muchas ciudades no tienen la capacidad para hacerlo”, afirmó Eder. El mandatario caleño advirtió que el cumplimiento de esta orden pone en riesgo el funcionamiento de otras áreas estratégicas, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la expansión del crimen organizado.
El caso de Cali: hasta 20 mil millones por semestre
La ciudad de Cali es uno de los ejemplos más ilustrativos del impacto que podría tener esta medida. Según explicó el secretario de Seguridad Distrital, Jairo García, atender esta responsabilidad podría representar un gasto de cerca de 20 mil millones de pesos por semestre, solo en lo correspondiente a la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones y URI.
Este monto, según García, obligaría a realizar importantes ajustes en el presupuesto de seguridad de la ciudad, comprometiendo programas de prevención del delito, fortalecimiento institucional y patrullaje, entre otros.
A la orden de la Corte se suma otro factor que agrava la situación: la reducción del presupuesto destinado a la seguridad a nivel nacional. Esto ha puesto en aprietos a los territorios, que deben atender múltiples frentes con menos recursos.
Para Asocapitales, esta situación es insostenible. No solo se trata de alimentar a los detenidos, sino de garantizar condiciones mínimas de dignidad, salubridad y logística en instalaciones que ya presentan niveles de hacinamiento preocupantes.
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Desde distintas ciudades, se ha solicitado al Gobierno Nacional revisar los tiempos de implementación y considerar mecanismos de apoyo o cofinanciación. De lo contrario, advirtieron los mandatarios locales, podrían verse obligados a sacrificar recursos destinados a otras necesidades urgentes como salud, educación, movilidad o atención a población vulnerable.
