La crisis de las deudas de las EPS con clínicas y hospitales en Cali y el Valle del Cauca derivó, en los últimos días, en una ola de manifestaciones ciudadanas que pusieron en evidencia el deterioro en la atención en salud. El punto más crítico se presentó con el anuncio del cierre de cinco sedes de la clínica Angiografía de Occidente, lo que dejó en incertidumbre a cerca de 156.000 usuarios de la Nueva EPS.
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Ante este panorama, padres, tutores y familiares de pacientes se instalaron desde el 9 de septiembre frente a la sede administrativa de la entidad, en la Avenida Sexta Norte, donde con pancartas, carpas y turnos de vigilancia reclamaron el cumplimiento de tratamientos médicos, la entrega de medicamentos y la continuidad de la atención especializada. Entre los casos denunciados se encontraban diagnósticos de enfermedades huérfanas como síndrome de Pfeiffer tipo 2, fibrosis quística, así como patologías complejas como taquicardia ventricular y síndrome epiléptico.
Agresiones durante los días de protesta
Los manifestantes denunciaron agresiones durante los días de protesta, pero también recibieron apoyo ciudadano con víveres y servicios básicos. El mensaje que más se repetía en los carteles era “No a la eutanasia pasiva”, en alusión a la negligencia que, según los afectados, enfrentan los pacientes al no recibir los tratamientos que sus médicos ordenan.
Tras varias mesas de diálogo con delegados de la Superintendencia de Salud, entes de control, líderes de usuarios y representantes de clínicas, la Nueva EPS confirmó en la noche del martes 16 de septiembre que se levantaban los cierres y que se garantizaba la atención. Con ello, se conjuró el riesgo de que miles de pacientes quedaran desatendidos en Cali y el Valle del Cauca.
Aunque la tensión se redujo, las familias advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos, insistiendo en que su lucha no fue solo por sus hijos o familiares, sino por todos los usuarios del sistema de salud que dependen de la Nueva EPS.
