El Cerro de las Tres Cruces se ha convertido en el punto de máxima tensión entre el progreso y la conservación en Cali. La ciudad se enfrenta a un dilema: el desarrollo urbanístico exige grandes volúmenes de materiales pétreos, y una parte significativa de esa demanda se extrae de sus propios cerros tutelares. Este costo material se traduce en una pérdida de paisaje y una presión ambiental que agrava el riesgo geológico de un área intrínsecamente frágil.
La problemática es doble: por un lado, la explotación formal de canteras esenciales para la construcción; por el otro, la minería ilegal que desestabiliza las laderas sin control ni mitigación.
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La factura de la construcción: La trituradora bajo la Lupa
La continuidad del crecimiento de Cali depende directamente de empresas como Trituradora El Chocho S.A.S., titular de una concesión minera clave en la zona. Los materiales que extrae son un eslabón vital en la cadena de construcción, lo que obliga a la Agencia Nacional de Minería (ANM) a mantener una fiscalización constante sobre sus operaciones.
La ANM ha confirmado que la explotación se mantiene activa y bajo seguimiento riguroso. Documentos oficiales, como los Autos PARC No. 291 y No. 374 (emitidos en marzo y abril de 2025), ratifican que la Trituradora es fiscalizada para garantizar que cumpla con sus obligaciones técnicas y económicas.
Aquí radica el desafío de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC): asegurar que la extracción de diabasas por la trituradora no sobrepase los límites del impacto autorizado. El PMRRA (Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental) es la única herramienta para exigir que el desarrollo de la ciudad no hipoteque la estabilidad ecológica.
Minería Ilegal y el riesgo geológico
La presión por la demanda de materiales impulsa también la actividad ilegal, que es la que mayor daño sin mitigación genera. La minería clandestina de piedra laja y arenisca, históricamente documentada por la CVC con operativos y capturas (como las 14 detenciones en 2020), ha dejado socavones y una severa erosión que desestabiliza el cerro.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali, el Cerro de las Tres Cruces es un área clasificada con amenaza alta por movimientos en masa. Aunque el riesgo proviene de factores naturales, la remoción de tierra y roca por la actividad ilegal lo exacerba. La consecuencia más grave es el aumento de la vulnerabilidad de las laderas y la contaminación de microcuencas como el Río Aguacatal y el Río Chocho por drenajes ácidos provenientes de minas de carbón.
El DAGMA, por su parte, ha alertado sobre la urgencia de reforestación en zonas afectadas por la deforestación y los incendios.
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Transparencia como solución pendiente
El dilema de Cali es claro: para seguir creciendo, necesita los materiales que hoy extrae de sus cerros; para asegurar su futuro, necesita protegerlos. La solución a largo plazo requiere más que operativos contra la ilegalidad; demanda transparencia y responsabilidad de la actividad formal.
La ciudadanía y los barrios que viven bajo la sombra de la montaña tienen derecho a exigir que la ANM y la CVC divulguen públicamente los informes de fiscalización de la cantera El Chocho. Solo el rigor en el cumplimiento de los planes ambientales puede garantizar que el crecimiento urbanístico no esté construyendo un pasivo ambiental y de seguridad para la ciudad. La fiscalización estatal es la diferencia entre un desarrollo responsable y una pérdida irreparable del patrimonio natural.
