La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra el canciller Álvaro Leyva y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, debido a presuntas irregularidades en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes. El Ministerio Público ha señalado que la decisión de declarar desierto el proceso de licitación pública para la expedición de pasaportes pudo haber vulnerado principios fundamentales de la contratación estatal, lo que podría constituir una falta disciplinaria.
La Procuraduría ha solicitado la realización de pruebas para determinar si se cometieron irregularidades y si la conducta de los funcionarios es constitutiva de falta disciplinaria. También se busca establecer si actuaron bajo una causal de exclusión de responsabilidad.
En respuesta a esta situación, la Cancillería de Colombia ha anunciado la apertura de una nueva licitación para el suministro de pasaportes. Esta decisión se basa en la política de transparencia y pluralidad del Gobierno nacional en asuntos contractuales. Además, se informa que debido a la declaración de desierta de la licitación pública anterior, se procederá a iniciar un nuevo proceso licitatorio.
La Contraloría General también ha solicitado a la Cancillería que informe sobre las medidas tomadas para evitar demandas por parte de los oferentes de la licitación anterior y para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes.
El contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada actualmente de la expedición de pasaportes en el país, vence el 2 de octubre, lo que agrega urgencia a la resolución de esta situación contractual.