La anticorrupción fue una de las banderas principales con las que Gustavo Petro ganó la presidencia en 2022, prometiendo proteger las finanzas de los colombianos y aplicar una política de cero tolerancia contra la corrupción.
Un gobierno que prometió ampliar el acceso a la información pública en la gestión de recursos y asegurar una mayor participación ciudadana en estas decisiones, incluso solicitar a Naciones Unidas una comisión independiente para investigar los grandes actos de corrupción.
A lo largo de estos dos primeros años, se han revelado múltiples escándalos de deshonestidad en el Palacio de Nariño. Estos incluyen irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, sobrecostos en contratos, casos de enriquecimiento ilícito en su familia, así como denuncias de mermelada y abuso de poder por parte de sus servidores de confianza.
A continuación, se presentan las siete controversias más significativas que han puesto a prueba la gestión y credibilidad del gobierno de Petro
Las Chuzadas de Sarabia: El primer escándalo de palacio
El gobierno del presidente Petro enfrentó su primer gran escándalo en mayo de 2023, cuando la exjefa de gabinete Laura Sarabia se vio envuelta en un caso de interceptaciones ilegales, conocido como “Las Chuzadas”. El caso estalló tras la denuncia de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, afirmó haber sido sometida a un polígrafo y a la interceptación de sus comunicaciones en la Casa de Nariño.
El escándalo tuvo inicio el 29 de enero de 2023, cuando Sarabia denunció el robo de 7.000 dólares en su casa. Al día siguiente, Meza fue interrogada y sometida a una prueba de polígrafo. En abril, Armando Benedetti, exjefe de Sarabia, reveló que esta lo contactó preocupada porque Meza estaba en contacto con periodistas.
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El caso se hizo público el 27 de mayo cuando Meza dio una entrevista a la revista Semana denunciando su trato y despido sin indemnización. El 31 de mayo, Daniel Coronell de W Radio involucró a Benedetti en el escándalo, el ex embajador se defendió en Twitter, negando el chantaje y sugiriendo que Sarabia también intervenía sus comunicaciones.
El 1 de junio, el fiscal general Francisco Barbosa denunció que las interceptaciones fueron autorizadas haciéndolas pasar por miembros del Clan del Golfo. El 2 de junio, el presidente Petro suspendió temporalmente a Sarabia y Benedetti mientras se investigaba el caso.
A pesar de la promesa de no interferir en las investigaciones, Sarabia regresó al gobierno el 4 de septiembre como directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y Benedetti fue nombrado embajador ante la FAO en febrero de 2024.
El 10 de junio, el teniente coronel Óscar Dávila, involucrado en el caso, fue encontrado muerto, en lo que se presume fue un suicidio. Las investigaciones continúan, con Sarabia defendiendo su reputación y negando haber ordenado las interceptaciones.
Audios comprometedores de Benedetti y los 15 mil millones no reportados
Durante la semana de caos en el círculo íntimo del presidente Gustavo Petro, debido al caso de las chuzadas de Sarabia, se intensificó la tensión entre la exjefa de gabinete presidencial y su excolega, el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Las filtraciones de audios donde Benedetti, amenazaba con revelar información comprometedora sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro, agravaron la crisis.
Benedetti insinuó en los audios que 15.000 millones de pesos provinieron de fuentes no oficiales para asegurar votos en el Caribe colombiano, comparando la situación con el proceso 8000. También expresó su descontento por ser relegado a Venezuela en lugar de obtener un ministerio y sugirió un posible chantaje al gobierno.
“Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga” Es una de las frases pronunciadas por el exembajador.
Tras la filtración, Benedetti se disculpó en Twitter, alegando que sus declaraciones fueron producto de la rabia y el alcohol. El presidente Petro, por su parte, negó cualquier responsabilidad en las chuzadas y aseguró que no aceptaba chantajes.
El 8 de febrero de 2024, Benedetti regresó al gobierno como embajador ante la FAO, lo que algunos interpretan como evidencia de un posible chantaje.
Nicolás Petro y el dinero de narcos en campaña
El escándalo que envuelve a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, comenzó en marzo de 2023 con revelaciones de su expareja Daysuris Vásquez sobre el uso indebido de fondos de campaña en negocios personales y gastos lujosos. Desde entonces, el caso ha desencadenado una serie de investigaciones y audiencias que han implicado a figuras políticas y empresarios, destacando cuestiones sobre la financiación de la campaña presidencial y la imparcialidad en el proceso judicial.
El 2 de marzo de 2023, Vásquez reveló que Samuel Santander, un narcotraficante conocido como “El hombre Marlboro”, entregó más de 600 millones de pesos a Nicolás a través de Máximo Noriega, candidato del Pacto Histórico a la gobernación del Atlántico.
Además, afirmó que Alfonso “el Turco” Hilasca, un empresario cuestionado del Bolívar, aportó 400 millones de pesos destinados a la campaña presidencial. Estos fondos fueron presuntamente utilizados en gastos personales, incluyendo la compra de una casa de 1600 millones de pesos registrada a nombre de un tercero para evitar comprometer a Nicolás.
La denuncia de Vásquez no solo involucró a Nicolás Petro, sino también a figuras políticas de alto perfil como el exministro Alfonso Prada, el director del Sena Jorge Londoño y el polémico exsenador Musa Besaile.
En julio de 2023, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fueron arrestados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante la legalización de las capturas, se decomisó el celular de Vásquez, que contenía mensajes comprometedores de Nicolás sobre el dinero recibido. Aunque ambos negaron los delitos, Nicolás anunció su intención de colaborar con la justicia para proteger a su familia.
A pesar de las promesas de cooperación, tras una reunión con su padre, Nicolás decidió no colaborar más con la Fiscalía, alegando presiones para usarlo como arma contra su padre. La Fiscalía General de la Nación procedió entonces con un escrito acusatorio contra Nicolás, quien enfrentará cargos adicionales por apropiación indebida, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público y privado.
El presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura firme, apoyando a su hijo públicamente pero insistiendo en la independencia judicial. La Fiscalía, por su parte, apartó al fiscal Mario Burgos del caso tras una recusación por presuntas irregularidades en la custodia de pruebas y en el proceso de interrogatorio.
El juicio de Nicolás Petro, inicialmente programado para agosto de 2024, fue aplazado a septiembre debido a la falta de pruebas completas. La situación continúa evolucionando, y las implicaciones de este caso podrían tener repercusiones significativas en la política colombiana.
UNGRD: Corrupción y Sobornos para aprobar reformas
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia reveló una red de corrupción en la que altos funcionarios del gobierno, incluidos ministros, congresistas y directivos de la UNGRD, estuvieron involucrados en la adjudicación irregular de contratos millonarios y el pago de sobornos para asegurar la aprobación de reformas legislativas.
El 26 de septiembre de 2023, una reunión clave se llevó a cabo con la participación de Sandra Ortiz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y Olmedo López. Durante este encuentro, se habría dado la instrucción a López para conseguir el dinero necesario para sobornos en el Congreso, facilitando la aprobación de reformas. Al día siguiente, se realizó una gran reunión en el Palacio de Nariño, donde se discutieron contratos por 92 mil millones de pesos a cambio de votos para la reforma a la salud. Entre los presentes estaban ministros como Ricardo Bonilla y Guillermo Jaramillo.
En octubre, las entregas de sobornos comenzaron a tomar forma. Pinilla aseguró haber obtenido 1.500 millones de pesos a través de prestamistas, entregando el dinero a Sandra Ortiz en el hotel Tequendama. Ortiz llevó el maletín a la casa de Iván Name. Días después, Pinilla recogió otros 1.500 millones y los entregó nuevamente a Ortiz en el mismo hotel. El 14 de octubre, Pinilla voló a Montería y entregó mil millones de pesos al representante Andrés Calle en su apartamento.
Los contratos adjudicados incluían proyectos por 50 mil millones de pesos para un sistema de drenaje en Córdoba, 12 mil millones para mitigar erosión en Bolívar y 30 mil millones para prevenir inundaciones en Arauca. El ministro Bonilla urgió la rápida contratación de estos proyectos, indicando un compromiso con los congresistas.
En febrero de 2024, medios de comunicación revelaron sobrecostos de 20 mil millones de pesos en la compra de carrotanques. Estos contratos fueron otorgados a empresas sin experiencia y vinculadas entre sí, elevando artificialmente los precios. Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, denunció a Olmedo López, y la Procuraduría y Contraloría abrieron investigaciones. López renunció el 29 de febrero.
El caso también involucró la adjudicación irregular de 63 mil millones de pesos a Uribia, La Guajira, una suma que superaba ampliamente lo asignado a Riohacha, la capital del departamento.
El 26 de julio de 2024, Carlos Ramón González fue destituido como director del DNI debido a su participación en el escándalo. El 7 de agosto de 2024, se realizó una audiencia de imputación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, donde la Fiscalía buscó enviar a prisión a los implicados.
Este escándalo ha sacudido a la administración de riesgos en Colombia, revelando la profundidad de la corrupción en la adjudicación de contratos y el manejo de fondos públicos, y planteando serias dudas sobre la integridad de los altos funcionarios del gobierno.
Los 500 millones de Fecode no reportados
El proceso de investigación sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro ha revelado una serie de irregularidades y triangulaciones financieras que podrían tener implicaciones legales significativas. Las indagaciones, lideradas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), han identificado aportes no reportados y el uso de intermediarios para canalizar fondos de origen dudoso. Este artículo detalla los eventos y las revelaciones clave que han surgido en torno a este escándalo.
En septiembre de 2022, Fecode aprobó un aporte de 500 millones de pesos para la campaña de Petro, girado a nombre del representante del movimiento político Colombia Humana, Dagoberto Quiroga. Este aporte no aparece en las cuentas oficiales de la campaña debido a la prohibición legal de aportes de personas jurídicas, por lo que Fecode trianguló los recursos a través de Colombia Humana.
La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló el documento que confirma el aporte, días después de un allanamiento a la sede de Fecode. Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos, confirmó que el dinero fue inicialmente destinado a la campaña, pero luego se entregó al partido para vigilancia electoral, evitando así la ilegalidad.
La Silla Vacía documentó pagos entre 25 mil y 60 mil pesos a mil testigos en 9 regiones durante la primera vuelta, excediendo el tope de gastos permitido. Además, se investiga el pago de dinero a 35 mil testigos, incluidos miembros de Fecode, que no fue reportado en Cuentas Claras. Estos pagos ocultos y otros gastos pusieron a la campaña de Petro cerca de superar los límites legales de financiación en ambas vueltas electorales.
Además de Fecode, Negocios Varvill, empresa de Santiago Vargas, donó 650 millones de pesos no reportados, siendo la segunda donación más alta. Esta empresa fue utilizada como
vehículo para donaciones de terceros, lo cual complicó aún más la transparencia financiera de la campaña.
Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, insiste en que los recursos fueron adquiridos legalmente a través de bancos y cooperativas. En entrevistas, Roa defendió la legalidad de los fondos gestionados durante las tres fases de la campaña: consulta, primera y segunda vuelta.
En enero de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivó la indagación por financiación irregular. El expediente tiene tres líneas de investigación, algunas de las cuales han sido retomadas por otras entidades como la Corte Suprema y la Fiscalía, dependiendo del fuero del investigado.
Mindeportes: 100 Contratos en una noche
María Isabel Urrutia, exministra del Deporte y reconocida campeona olímpica, fue acusada por la Fiscalía General de la Nación de celebrar contratos sin cumplir con los requisitos legales. La controversia se desató tras su destitución en marzo de 2023 por “actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”, según declaró el presidente Gustavo Petro.
La investigación reveló que Urrutia firmó 104 contratos de manera abrupta y sin cumplir con los procedimientos legales establecidos para la contratación estatal. La mayoría de estos contratos fueron renovados rápidamente por periodos más largos que inicialmente previstos, extendiéndose hasta diciembre de 2023.
Detalles de la Contratación:
- Faltas en el Procedimiento: Los contratos firmados por Urrutia no cumplieron con los requisitos necesarios y se realizaron sin el debido proceso de selección, lo cual es una violación a las normas de contratación pública en Colombia.
- Montos y Número de Contratos: En los días previos a dejar su cargo, se firmaron un total de 264 contratos por un valor de aproximadamente 23.920 millones de pesos.
Estos contratos se oficializaron a través de procedimientos directos, muchos de ellos realizados a medianoche.
En su defensa, María Isabel Urrutia argumentó hace un par de meses en radio que le “habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero yo ya venía haciendo los estudios. No estaba haciendo nada irregular”, dando a entender que tenía que firmar los convenios para que el Ministerio “pudiera funcionar”.
Escándalo de Verónica Alcocer
Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, ha sido el centro de un escándalo por los gastos extravagantes y la falta de transparencia en la contratación de su séquito. Este grupo, compuesto por amigos cercanos y asesores personales, ha generado polémica debido a los elevados gastos financiados con fondos públicos.
Según una investigación de La Silla Vacía, El séquito de Verónica Alcocer incluye un maquillador personal y vestuarista, un fotógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal con sueldos comparables a los de un ministro. Estos miembros están contratados por tres entidades públicas para encargarse de su imagen, agenda y compañía en eventos nacionales e internacionales. Los honorarios de estos contratistas oscilan entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales, además de los viáticos por acompañar a la primera dama.
Contrataciones y Salarios:
- Ingrid Carolina Plata: Mejor amiga de Alcocer, contratada por la Presidencia con un salario de 20,2 millones de pesos mensuales para apoyar actividades protocolarias y logísticas. Su esposo, amigo personal de Gustavo Petro, también ha estado involucrado en la campaña presidencial de Petro.
- Luis Flórez: Maquillador personal de Alcocer, que acompañó a la primera dama en numerosos viajes internacionales, cobrando viáticos por 49,3 millones de pesos y recibiendo honorarios de 120 millones de pesos entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023.
- María Antonia Pardo: Asesora con sueldo de ministra en Procolombia, contratada con un salario de 28 millones de pesos mensuales. Además de su labor oficial, es conocida por manejar la agenda y logística de Alcocer.
- Mauricio Vélez: Fotógrafo profesional encargado de la imagen de Alcocer en redes sociales y otros proyectos audiovisuales. Contratado con honorarios de 20 millones de pesos mensuales, la mayoría de sus viajes han sido con la primera dama, cobrando viáticos adicionales por estos viajes.
La oposición ha criticado duramente estos gastos. El representante Juan Espinal del Centro Democrático ha anunciado que citará a los funcionarios del séquito a un debate de control político, destacando la contradicción entre estos gastos y la promesa de austeridad del presidente Gustavo Petro.
El escándalo ha generado un amplio debate sobre la transparencia y el uso de fondos públicos en Colombia, con llamados a una mayor rendición de cuentas. La Fiscalía y otros entes de control están evaluando las implicaciones legales de estas contrataciones y gastos.