El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece la responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados por sus acciones u omisiones. Las víctimas de accidentes debido al mal estado de vías públicas o privación injusta de libertad pueden reclamar una indemnización si se cumplen ciertos requisitos.
En Colombia, el Estado puede ser demandado por daños y perjuicios cuando su acción u omisión causa un perjuicio a los ciudadanos. Según el artículo 90 de la Constitución, el Estado debe responder patrimonialmente por daños antijurídicos causados por las autoridades públicas.
Un ejemplo común es el deterioro de las vías públicas. Si una persona sufre un accidente debido a un hueco en una carretera y queda con secuelas graves, puede demandar al Estado. Otro caso frecuente es la privación injusta de libertad por errores en procedimientos penales, donde el Estado también debe indemnizar a la víctima.
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Sin embargo, no todos los casos de siniestros viales garantizan reparación automática. El Consejo de Estado ha establecido que el Estado debe responder cuando se demuestra que conocía el riesgo en las vías, como el desprendimiento de materiales o fallos en el mantenimiento, y no tomó medidas adecuadas. Esto incluye la omisión de tareas de conservación y mantenimiento que pudieron haber evitado el accidente.
En un fallo de 2014, el Consejo de Estado condenó al municipio de Buenaventura por un accidente de tránsito causado por el mal estado de las vías. La decisión subrayó que la falta de acciones preventivas y correctivas por parte del Estado constituye una omisión que justifica una demanda por daños.
¿Cómo presentar una demanda?
Por ello, para presentar una demanda, es crucial recolectar pruebas, como informes de tránsito que documenten el estado de la vía y los detalles del accidente. Estos documentos ayudan a establecer la responsabilidad del Estado y a respaldar la reclamación.
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El proceso de demanda puede ser largo, con una duración de cinco a seis años para la resolución y de dos a tres años adicionales para el pago, si se falla a favor del demandante. Es recomendable contar con asesoría legal para gestionar adecuadamente el reclamo y garantizar la recopilación de todas las pruebas necesarias.