En un giro sorprendente en el caso de Marelbys Meza, el intendente Alfonso Quinchanegua ha declarado bajo juramento que la orden para interceptar los teléfonos de Meza y Fabiola Perea provino directamente de la Presidencia.
El intendente de la Policía, Alfonso Quinchanegua, ha hecho una reveladora declaración en la Fiscalía General. Debido a que afirmó que las interceptaciones telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea fueron ordenadas por la Presidencia. Esta declaración, realizada el 12 de septiembre, ha sacudido el caso que involucra a la exniñera de Laura Sarabia y ha puesto en el centro de la polémica a la administración presidencial.
Según Quinchanegua, la decisión de interceptar las líneas telefónicas se tomó bajo presiones de sus superiores. Pues ellos le indicaron que debía falsificar un informe para incluir los números de Meza y Perea en una investigación contra alias Siopas del Clan del Golfo. El encuentro clave tuvo lugar el 2 de febrero de 2023. Esto en la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), cerca de la Casa de Nariño.
Durante este encuentro, los oficiales Óscar Darío Dávila Torres, coordinador de protección anticipativa de la Presidencia. Y el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, quien ya enfrenta cargos por su papel en el caso, dieron instrucciones precisas para llevar a cabo la interceptación. Quinchanegua relató que el mayor Muñoz fue especialmente insistente en la necesidad de interceptar los teléfonos. A pesar de sus reservas sobre la legalidad de la acción.
Orden desde Presidencia: La presión para interceptar las líneas telefónicas
El intendente confesó que se sintió amenazado por sus superiores. Por lo que le advirtieron de posibles consecuencias, como un traslado a otro departamento o su retiro de la Policía, si no cumplía con las órdenes. “La orden era de Presidencia, o el caso era de Presidencia”, indicó Quinchanegua, resaltando que el cumplimiento de las instrucciones era obligatorio a pesar de su ilegalidad.
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Este testimonio ha generado una ola de preocupación y cuestionamientos sobre la influencia de la Presidencia en las investigaciones policiales. También, sobre el uso indebido de recursos y poder para fines que podrían estar relacionados con intereses políticos. La revelación pone en el punto de mira a la administración presidencial y plantea serias interrogantes sobre la integridad de las acciones llevadas a cabo en el marco de este caso.