La superintendente de Transporte, Lucy Ospina, aclaró que la circular 0044 de 2024 sobre aplicaciones de transporte reitera las obligaciones de las autoridades y no introduce nuevas sanciones ni aumenta la persecución a los conductores.
En una reciente rueda de prensa, la superintendente de Transporte, Lucy Ospina, se pronunció sobre la circular 0044 de 2024, emitida en relación con aplicaciones de transporte como Uber y Didi. La superintendente resaltó que el documento simplemente reafirma las obligaciones que ya tienen las autoridades para imponer multas, sin crear nuevas regulaciones o modificar las existentes. “No estoy creando nada nuevo, ni modificando ninguna ley”, indicó.
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La funcionaria detalló que las sanciones mencionadas, incluida la inmovilización de vehículos, ya están contempladas en la normativa vigente. Esta circular está dirigida a todas las autoridades de tránsito y transporte del país, recordando el marco normativo sobre cuándo se puede prestar el servicio de transporte público de pasajeros.
“Es una circular dirigida a todas las autoridades de tránsito y transporte del país, donde reiteramos las obligaciones que tienen como autoridad de tránsito, donde les recordamos el marco normativo existente sobre cuándo se presta servicio de transporte público de pasajeros y cuándo no se puede prestar ese servicio. Es más, estoy reiterando una circular que es la 015 del 2020, que es una circular expedida precisamente en el gobierno del presidente Duque”, indicó Lucy Ospina.
Lucy Ospina enfatizó que esta comunicación también busca recordar a los municipios que, como máximas autoridades de tránsito en sus regiones, tienen el deber de controlar el cumplimiento de las normas, lo que incluye la posibilidad de inmovilizaciones. “Cuando un usuario toma un servicio que no está dignamente reglado y autorizado, está tomando un servicio ilegal y se expone a riesgos”, advirtió.
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Finalmente, la superintendente enfatizó que “en ningún momento se está rechazando el uso de la tecnología”, sino que se invita a los ciudadanos a optar por transportes públicos legales y a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para controlar el transporte ilegal.