La ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia ha recibido el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, en un concepto enviado a la Corte Constitucional. Gregorio Eljach, jefe del ente de control, pidió declarar exequible la norma aprobada por el Congreso, al considerar que está orientada a fortalecer la protección de los animales y al mismo tiempo establece una transición razonable para las personas que han vivido económicamente de la tauromaquia.
En su intervención, el procurador destacó que esta legislación no solo responde al creciente reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes, sino que también promueve un cambio cultural en torno al respeto por la vida no humana. La norma, sancionada en 2024, otorga un plazo de tres años para eliminar por completo las corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas y tientas en todo el país. Durante ese periodo, se ejecutarán programas de reconversión laboral y transformación de plazas taurinas en espacios culturales o deportivos.
Según el Ministerio Público, la norma no impide la crianza de toros de lidia ni representa una expropiación, sino que limita su uso en espectáculos que impliquen violencia y sufrimiento. “Esta medida es razonable y proporcional. Protege el ambiente, promueve una cultura de paz y no vulnera derechos fundamentales”, sostuvo Eljach. Además, desestimó las demandas de inconstitucionalidad que alegaban afectaciones a la propiedad privada o a las manifestaciones culturales.
Eliminación de la tauromaquia como protección animal
Uno de los elementos que más enfatizó la Procuraduría fue el equilibrio entre el interés general y los derechos individuales. La ley crea una comisión interinstitucional para acompañar a las familias que se verán afectadas económicamente, mediante asesoría técnica y acceso a nuevas oportunidades laborales. A su vez, los Ministerios de Trabajo, Comercio, Agricultura, Ambiente e Interior serán los encargados de implementar estos apoyos.
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En su argumentación, la Procuraduría reconoció el valor histórico y cultural que la tauromaquia ha tenido en ciertas regiones del país, pero enfatizó que el avance constitucional en torno a los derechos de los animales otorga legitimidad a la decisión de eliminar estas prácticas. El fallo de fondo ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si la Ley 2385 de 2024 se ajusta plenamente al marco legal del país.
Con esta decisión, Colombia se suma al grupo de países que han optado por erradicar la tauromaquia, priorizando el bienestar animal como parte de una transformación social más amplia.
