En medio de la controversia generada por la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, el presidente Gustavo Petro se refirió a las extradiciones durante su alocución del 17 de septiembre. El mandatario afirmó que de las 403 solicitudes recibidas de Estados Unidos, su gobierno ha autorizado 400, mientras que tres permanecen suspendidas porque los solicitados participan en negociaciones ligadas a la política de paz total.
Petro defendió su postura señalando que la Constitución colombiana reconoce la paz como un derecho fundamental y que la ley permite suspender condicionalmente las extradiciones cuando los procesados contribuyen a un proceso de paz. “El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros”, enfatizó.
La respuesta surge después de que el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, instara al Gobierno a reactivar todas las extradiciones y a reforzar las acciones contra los cultivos ilícitos, condiciones que, según Washington, son indispensables para recuperar la certificación en materia antidrogas.
Colombia ha disminuido la incautación de cocaína según la Casa Blanca
Desde la Casa Blanca, la preocupación se centra en la reducción de incautaciones de cocaína en Colombia: mientras en 2021 se confiscó el 54 % de la producción estimada, en 2022 bajó al 39 % y en 2023 al 32 %. Para Estados Unidos, esta tendencia, sumada a la suspensión de extradiciones, refleja una menor efectividad en la lucha contra el narcotráfico.
Le puede interesar: Reclutamiento forzado crece: más de 600 menores vinculados a grupos armados en un año
Entre los capos cuya entrega ha sido suspendida se encuentran alias ‘Mocho Olmedo’, de las disidencias de las Farc; alias ‘H.H.’, de los Comuneros del Sur; y alias ‘Araña’, de los Comandos de la Frontera. Petro insistió en que estos casos seguirán en territorio nacional mientras se evalúe su aporte a la paz, aunque reconoció que ya se han cumplido casi en su totalidad las solicitudes de extradición emitidas por la justicia estadounidense.
La tensión diplomática se da en un momento en que la relación bilateral atraviesa un punto crítico. Mientras Washington pide medidas más estrictas contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano apuesta por la “paz total” como una salida negociada que también cobija a cabecillas criminales solicitados por la justicia internacional.
