La reciente ola de redadas migratorias en Estados Unidos ha encendido las alarmas en la industria de la construcción, uno de los sectores más dependientes de la mano de obra inmigrante. Solo en la última semana, más de 100 trabajadores, en su mayoría procedentes de América Latina, fueron detenidos durante un operativo en una obra en Tallahassee, Florida. Las consecuencias no se limitan al drama humano: la salida forzada de estos trabajadores amenaza con paralizar proyectos clave en medio de una profunda crisis habitacional.
La operación, liderada por agencias federales y estatales, incluyó la participación del ICE y la Patrulla de Autopistas de Florida. No fue un hecho aislado. En días previos, otros 60 trabajadores fueron arrestados en intervenciones similares en Texas y otras ciudades del sur del país. Según cifras del American Immigration Council, cerca del 26% de quienes laboran en construcción son inmigrantes, y más de la mitad de ellos podrían estar en condición irregular.
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“La industria no solo depende de ellos, sino que no tiene reemplazo inmediato”, advierte Ned Murray, investigador de la Universidad Internacional de Florida, quien calcula que tres de cada cuatro obreros en ciudades como Miami son extranjeros. El temor ahora se extiende incluso a quienes cuentan con estatus migratorio regular, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), ante el riesgo de verse envueltos en detenciones masivas.
Las redadas afectan la situación en el sector vivienda de Estados Unidos
Además del impacto laboral, las redadas agravan una situación crítica en el sector vivienda. Estados Unidos enfrenta un déficit estimado de 3,7 millones de unidades habitacionales. Solo este año se necesitan al menos 450.000 nuevos trabajadores para cumplir con la demanda. De concretarse la política de deportación masiva anunciada por el expresidente Donald Trump, el país podría perder hasta 1,8 millones de empleados del ramo, advirtió un informe del Urban Institute.
Organizaciones civiles y expertos en políticas públicas denuncian que estas acciones no solo vulneran derechos, sino que afectan la viabilidad económica de un sector indispensable. “El miedo ha reemplazado a la productividad. Si espantamos a quienes hacen posible los proyectos de construcción, no habrá forma de cubrir la demanda”, afirma Thomas Kennedy, de la Coalición Inmigrante de Florida.
Mientras tanto, el gobierno de Florida defiende las redadas como parte de su política de seguridad. Una postura que, según analistas, deja al país ante una disyuntiva urgente.
