El programa “Jóvenes en Paz” del gobierno nacional, que busca alejar a jóvenes en riesgo de ingresar a la delincuencia, pagándoles un millón de pesos para que hagan trabajo comunitario o estudien, ha sufrido una modificación por parte del Consejo de Estado.
El ente gubernamental suspendió parcialmente algunas disposiciones del decreto 1649 de 2023 que reglamenta el Programa Jóvenes en Paz, tras una demanda de nulidad de la senadora Paloma Valencia.
Las categorías suspendidas provisionalmente son “pobreza” y “vulnerabilidad monetaria”. Aunque la senadora Valencia también solicitó la eliminación de la categoría de “explotación sexual” que abarca tanto a víctimas como a potenciales víctimas de este hecho, el Consejo de Estado la mantuvo.
Lo hizo bajo el argumento de que el gobierno debe argumentar adecuadamente los componentes del programa dirigidos a estas poblaciones.
El programa, que hoy beneficia a 65 mil personas en 100 municipios, inició sus inscripciones en febrero para jóvenes entre 14 y 28 años que vivan en municipios con presencia de grupos criminales y no tengan orden de captura. Ya se ha adelantado en municipios del Valle del Cauca como Jamundí y Buenaventura.
