Tuluá, municipio vallecaucano conocido por su tradición cafetera y su vocación comercial, atraviesa una de las crisis de seguridad más delicadas de los últimos años. A pesar del aumento del pie de fuerza y de operativos en diferentes zonas, los testimonios de los habitantes reflejan un panorama desolador donde el miedo, más que la presencia policial, domina las calles.
“Uno ya casi no sale de la casa. La vida nocturna prácticamente desapareció, porque uno no sabe cuándo puede estallar una granada o comenzar una balacera”, relata Humberto Giraldo a El Tiempo, habitante rural y miembro de una cooperativa solidaria de productores de café. Para él, los ataques como el ocurrido en el coliseo de ferias y la reciente quema de vehículos muestran cómo el conflicto ha tocado todos los espacios del municipio.
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Pero la preocupación no solo está en los hechos aislados, sino en su naturaleza indiscriminada. “Están matando a jóvenes de 16, 18 años, como si fueran enemigos. Le están tirando al pueblo, no a los verdaderos responsables. La gente buena está pagando los platos rotos”, lamenta Giraldo.
¿La violencia actual es el resultado de las malas decisiones políticas?
Una percepción compartida por defensores de derechos humanos como H. Isaac Bermúdez González, quien considera que la violencia actual es el resultado de años de malas decisiones políticas, desatención institucional y ausencia de políticas sociales sostenidas. Para él, la comunidad no solo sufre por los actos de grupos armados, sino también por las consecuencias de medidas oficiales mal planeadas.
“Estudiantes que estudian fuera de Tuluá tuvieron que correr a la terminal al enterarse del toque de queda. Cuando llegaron, no había transporte. Imagínese el pánico de volver a casa en una ciudad donde han quemado buses y asesinado a sangre fría a trabajadores”, denuncia Bermúdez en El Tiempo.
La situación se agravó tras la orden de extradición de alias ‘Pipe’, jefe de la banda ‘La Inmaculada’, que habría desatado una ola de violencia como forma de retaliación. Frente a esto, la Alcaldía anunció una recompensa de 100 millones de pesos y reportó cuatro capturas. Sin embargo, los habitantes insisten en que las respuestas han sido insuficientes y reactivas, más que preventivas.
“Las fuerzas de seguridad hacen esfuerzos, pero la comunidad sigue desprotegida. Los consejos de seguridad no han detenido los crímenes. La gente siente miedo y, peor aún, desesperanza”, asegura Bermúdez, quien recalca que su posición es como ciudadano, no como actor político.
Mientras tanto, en redes sociales, se multiplica el clamor de los tulueños que piden acciones concretas. Porque, más allá de las cifras, lo que se vive en Tuluá es una crisis humana, donde cada día de vida parece un acto de resistencia en medio de un conflicto urbano que no distingue entre culpables y víctimas.
