La Gobernación del Valle del Cauca ha marcado una clara distancia frente a la reciente decisión del Gobierno Nacional de autorizar acercamientos exploratorios con la banda delincuencial ‘La Inmaculada’, estructura que opera principalmente en Tuluá y el centro del departamento.
A través del Secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, la administración departamental expresó que no apoya la iniciativa en este momento, argumentando que no están dadas las condiciones para iniciar un proceso de este tipo con una organización responsable de extorsiones, homicidios y terrorismo en la región.
“No es el momento conveniente”
La postura de la Gobernación surge luego de conocerse que el presidente Gustavo Petro firmó una resolución autorizando contactos con los cabecillas de ‘La Inmaculada’, incluyendo a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.
El secretario Londoño fue enfático en las razones del rechazo regional:
- Ineficacia de procesos anteriores: la Gobernación señala que las mesas de paz urbana y los diálogos previos con otras estructuras no han derivado en un sometimiento real a la justicia ni en la desarticulación de las bandas.
- Coyuntura crítica: las autoridades locales consideran inadecuado abrir una nueva mesa de conversación en medio de un ambiente preelectoral y con el tiempo agotándose para la actual administración nacional.
- Falta de marco jurídico claro: persisten las dudas sobre el “piso jurídico” bajo el cual se darían estos diálogos socio-jurídicos, temiendo que se conviertan en mecanismos de impunidad sin garantías de no repetición para las víctimas.
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Diálogos vs. extradición
La controversia se agudiza por la aparente contradicción en las decisiones del Gobierno Nacional. Mientras se autorizan los acercamientos de paz, el Ejecutivo también ha dado luz verde a la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Esta dualidad genera incertidumbre en Tuluá, donde la población teme que los anuncios de diálogo o la inminente extradición desaten nuevas olas de violencia como mecanismo de presión por parte del grupo criminal, tal como ocurrió en febrero de 2024 tras traslados carcelarios.
La Gobernadora Dilian Francisca Toro, quien se encuentra en Washington gestionando inversión y seguridad para el departamento, ha mantenido una posición firme de combatir la criminalidad y exigir que los cabecillas presos no sigan delinquiendo desde las cárceles, una condición que ‘La Inmaculada’ ha violado sistemáticamente.
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