La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, envió un mensaje contundente a su gabinete departamental frente a los casos de violencia de género. La mandataria exigió la aplicación rigurosa de los protocolos de atención para denuncias de acoso sexual y laboral. Según la gobernadora, su administración mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier abuso de poder o conducta que vulnere la integridad de los funcionarios.
El pronunciamiento surge tras una revisión de las rutas de prevención y sanción dentro de la entidad. La orden de la mandataria es clara: toda queja debe ser escuchada, protegida y tramitada con celeridad. El objetivo principal es garantizar entornos seguros, con especial énfasis en la protección de las mujeres y los jóvenes que integran el equipo de trabajo de la Gobernación.
Transparencia y sanción sin importar el cargo
Además, la gobernadora enfatizó que ningún funcionario gozará de privilegios frente a estos principios éticos. La jerarquía de los cargos no será un obstáculo para el avance de las investigaciones internas o judiciales. Para el gobierno departamental, la dignidad en el servicio público es una condición obligatoria. Por ello, se fortalecerán las acciones de monitoreo para asegurar que el protocolo de denuncias se cumpla en todas las dependencias.
Además de la atención a las víctimas, la estrategia departamental incluye componentes de prevención para identificar conductas de riesgo a tiempo. La administración busca que el personal administrativo y operativo interiorice que el respeto es la base de la cultura organizacional. La gobernadora reiteró que el compromiso de su gestión es trabajar bajo marcos de transparencia y justicia para todos los colaboradores.
Denuncias en el Inciva y el Jardín Botánico de Tuluá
Esta instrucción institucional coincide con las recientes denuncias de presunto acoso sexual reportadas en el municipio de Tuluá. Los hechos involucran a diferentes sectores y entidades de manera independiente. Por un lado, se investiga la presunta participación de un funcionario del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle (Inciva). Entre las personas afectadas en este entorno figura la directora de la entidad, Emily Vanessa Vélez Ávila.
De forma paralela, las denuncias también provienen de funcionarias del Jardín Botánico Juan María Céspedes. En este escenario, la situación se extiende a docentes y estudiantes de un colegio local que acuden al lugar por actividades académicas. Las víctimas señalan haber recibido mensajes obscenos a través de WhatsApp con contenidos similares. Las autoridades buscan establecer si se trata de un mismo agresor o de casos aislados que afectan a estas instituciones en Tuluá.
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