La unidad móvil de RTVC adquirida por $11.924 millones permanece estacionada en las instalaciones del canal público porque no puede operar. Así lo denunció este jueves 15 de octubre la actual administración de RTVC – Sistema de Medios Públicos en un comunicado. Además, advierte posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones y trasladó el caso a tres entes de control.
El vehículo se contrató mediante el contrato 2899 de 2025, firmado el 16 de diciembre de ese año. Su objeto era el suministro integral de una unidad móvil broadcast: fabricación, dotación, integración tecnológica y puesta en marcha. Sin embargo, según la entidad, hoy no cumple esa finalidad.
Sin planta de energía, la unidad móvil de RTVC no enciende
Para entender el asunto, hay que partir de lo básico: una unidad móvil de televisión necesita una fuente autónoma de energía para alimentar sus equipos en los lugares donde se transmite. RTVC afirma que, sin ese componente, el vehículo no puede encenderse, prestar el servicio ni atender coberturas fuera de sus instalaciones. Por eso, para la entidad, recibirlo sin ese sistema contradice el propósito del contrato.
La diferencia de precios que RTVC pone en duda
Ahora bien, el señalamiento de sobrecostos parte de los equipos. De los $11.924 millones invertidos, cerca de $9.000 millones correspondieron a equipos audiovisuales. Sin embargo, estudios de mercado y cotizaciones de técnicos e ingenieros de RTVC indican que equipos equivalentes valdrían unos $7.000 millones.
De esa diferencia sale la alerta por un posible sobrecosto superior a $2.000 millones. En otras palabras, es una advertencia de la propia entidad, no una conclusión de una autoridad de control.
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Los hallazgos de RTVC sobre el proceso contractual
La revisión documental y técnica de RTVC identificó, según la entidad, cinco hechos en este contrato.
Primero, la ejecución estuvo inicialmente a cargo de un ingeniero contratista vinculado a RTVC. En enero de 2026 fue incorporado a la planta de personal como Coordinador de Gestión Técnica de Señales y permaneció en el cargo hasta mayo. Una vez recibida la unidad móvil, terminó su vinculación. RTVC dice que esa secuencia genera interrogantes sobre la continuidad, la trazabilidad y la responsabilidad técnica de las decisiones.
Segundo, el proceso exigió certificar experiencia en construcción y ensamblaje de unidades móviles con capacidad de expansión del chasis. Según los antecedentes revisados por RTVC, en ese momento solo una compañía en Colombia cumplía el requisito. La entidad sostiene que la condición habría restringido la participación y que, por eso, la mayoría de las firmas interesadas se retiró.
Tercero, las dos empresas que por separado fueron las únicas participantes en el estudio previo se unieron después para presentar una oferta conjunta y conformaron la unión temporal adjudicataria. RTVC aclara que no prejuzga responsabilidades, pero considera que es una señal de alerta de una posible coordinación indebida o colusión. Agrega que a las autoridades competentes les corresponde determinar si hubo un acuerdo restrictivo de la competencia.
Cuarto, la dotación. El vehículo tiene ocho cámaras tipo broadcast cuyas características ópticas, según la entidad, son deficientes para sus necesidades y para los estándares actuales. La consola de sonido, por su parte, cumple apenas las condiciones mínimas pedidas en la contratación y no está estandarizada para eventos de gran formato.
Quinto, el dron incluido en la unidad móvil de RTVC. La entidad indica que sus características están orientadas a cartografía y seguridad, no a la transmisión de televisión en vivo, y que su capacidad audiovisual no permite usarlo en producciones de alta calidad.
Con ese balance, la administración sostiene que el proyecto “presenta las características de un verdadero elefante blanco”: un bien costoso, incompleto e inoperante.
Qué sigue: la palabra de los entes de control
RTVC informó que trasladó el caso a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que actúen en el marco de sus competencias. Esas tres entidades deberán revisar la compra de la unidad móvil.
Mientras tanto, el comunicado no precisa si alguna de ellas ya abrió una actuación. Tampoco incluye la versión de la unión temporal adjudicataria, de los contratistas ni del ingeniero mencionado, y no los identifica por nombre. Mientras no haya pronunciamientos de las autoridades ni respuestas de esas partes, los señalamientos siguen siendo los de la entidad.
