El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en la presentación del proyecto de ley que creará un Estatuto Antiterrorista, una de las principales apuestas de la administración en materia de seguridad. El borrador, liderado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, contempla nuevas herramientas para enfrentar a las organizaciones que el Ejecutivo considere “narcoterroristas”.
El proyecto será presentado ante el Congreso como una ley estatutaria. Esto quiere decir que tendrá un trámite especial. Deberá pasar por las comisiones primeras de Senado y Cámara, ser aprobado dentro de una misma legislatura y posteriormente someterse a una revisión obligatoria de la Corte Constitucional.
Entre las principales novedades aparece la creación de un Alto Comisionado de Lucha contra el Terrorismo, cargo que estaría adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Esta persona sería escogido directamente por el presidente para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección.
El funcionario deberá acreditar, según el borrador, al menos 10 años de experiencia en asuntos de defensa y seguridad nacional en Colombia, además de estudios de maestría en áreas como Derecho, derechos humanos o Derecho Internacional Humanitario.
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¿Qué contempla el Estatuto Antiterrorista?
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un registro nacional de organizaciones y actores terroristas. Se trataría de una lista pública en la que quedarían incluidos quienes encajen en la definición de terrorismo establecida por la iniciativa.
La inclusión tendría consecuencias económicas y administrativas. Entre ellas estaría el congelamiento de fondos, activos y recursos económicos y bancarios, además de restricciones para contratar con el Estado o acceder a subsidios, beneficios, programas y recursos públicos.
La elaboración de los expedientes estaría a cargo de una instancia técnica del Consejo de Seguridad Nacional, integrada por delegados de esa entidad, el Ministerio de Justicia, la Cancillería, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La decisión definitiva de incluir a una organización o persona en el registro correspondería al Consejo de Seguridad mediante un acto administrativo, previa recomendación de dicha instancia.
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Así sería el régimen penitenciario especial
El proyecto también plantea un régimen penitenciario especial para los cabecillas de organizaciones consideradas terroristas.
Los condenados bajo esta categoría serían recluidos en establecimientos o pabellones exclusivos. Además, se contempla la suspensión de sus comunicaciones, salvo aquellas relacionadas con su defensa, y restricciones a las visitas, que quedarían limitadas a familiares en primer grado.
A la vez, el Gobierno propone beneficios para quienes colaboren con las autoridades en la desarticulación de estas organizaciones. El borrador establece que podrían recibir una reducción de hasta el 60 % de la pena, siempre que la colaboración sea efectiva y entregue información relevante antes de la acusación formal.
Oposición cuestiona el proyecto
El anuncio ya generó críticas desde sectores de oposición. El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda cuestionó el alcance de la iniciativa y advirtió sobre los posibles efectos que tendría una definición amplia de terrorismo.
Cepeda sostuvo que el carácter “genérico” del proyecto podría abrir la puerta a que determinadas expresiones de protesta social fueran catalogadas como acciones terroristas. También criticó la creación del Alto Comisionado contra el Terrorismo y calificó la figura como un cargo con amplias facultades.
El debate también revive el antecedente del Estatuto de Seguridad impulsado durante el gobierno de Julio César Turbay y el intento de Estatuto Antiterrorista promovido durante el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2004.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la iniciativa como una herramienta para enfrentar a las organizaciones armadas y criminales y ha insistido en que no se trata de un estatuto dirigido contra la población civil ni de un régimen de medidas excepcionales.
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