El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en un contrato firmado durante el gobierno de Gustavo Petro. La denuncia también menciona a Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien supervisó el contrato.
El documento fue presentado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director encargado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado del gobierno de Abelardo de la Espriella.
La denuncia solicita investigar posibles delitos relacionados con la contratación, los pagos y la ejecución del acuerdo. Sin embargo, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades que deberán ser examinadas por la Fiscalía.
Los cuestionamientos al contrato de Matador
El caso se relaciona con el contrato de prestación de servicios 1937 de 2024, celebrado a través del Fondo Colombia en Paz. Según el documento, el valor inicial fue de $257.040.000, más $3.420.000 mensuales por concepto de IVA.
Uno de los cuestionamientos apunta a una diferencia en el nombre del contratista. En el contrato aparece como Julio César Rodríguez Quiceno, mientras que en otros apartados y en el Registro Único Tributario (RUT) figura como Julio César González Quiceno.
La denuncia considera que esta inconsistencia debe revisarse para establecer cómo se elaboraron y verificaron los documentos del proceso contractual.
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Otro punto está relacionado con el cobro del IVA. Según el documento, el RUT de Matador, actualizado el 31 de enero de 2024, lo registraba como no responsable de ese impuesto.
La denuncia sostiene que la situación se corrigió mediante un otrosí, dos meses después de iniciada la ejecución del contrato. Ese documento reconoció la condición tributaria que figuraba en el registro.
También cuestionan la ejecución y supervisión
El lugar establecido para ejecutar el contrato es otro de los aspectos señalados. El acuerdo fijó a Bogotá como sede, aunque algunas obligaciones requerían actividades en territorio. La denuncia indica que una modificación posterior reconoció que la cláusula no contemplaba los desplazamientos necesarios.
Además, el documento pide investigar la actuación de Gloria Cuartas durante la supervisión. Los cuestionamientos se refieren a posibles inconsistencias entre los periodos de cobro, las fechas de las actividades y los productos presentados como parte del contrato.
También se mencionan soportes con fechas posteriores a los cortes de cobro, evidencias repetidas entre mensualidades y documentos que, según la denuncia, no estarían diferenciados para algunas obligaciones.
Por estos hechos, el director encargado del Dapre solicitó investigar posibles delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La denuncia busca establecer si hubo responsabilidades individuales en las etapas de contratación, ejecución, supervisión y pago. La presentación de este documento no demuestra por sí sola que se hayan cometido delitos.
