Las críticas a las figuras públicas y los límites del humor político volvieron al centro del debate en Colombia. El Gobierno Nacional rechazó las expresiones atribuidas al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama de la Nación. Además, le pidió a la Fiscalía General que las examine.
El pronunciamiento, fechado el 11 de octubre en Bogotá, lo firmaron el Gobierno, sus ministros, ministras y altos funcionarios. El documento se refiere en particular al uso de la palabra “ratica” y a señalamientos sobre la apariencia física de la primera dama.
Por qué el Gobierno habla de misoginia
Para el Gobierno, comparar a una mujer con un animal y burlarse de su aspecto físico son formas de descalificación “profundamente misóginas”. Según señalaron, esas expresiones no cuestionan las ideas, las decisiones ni el trabajo de la primera dama. Más bien, dice el texto, recurren a estereotipos de género para afectar su dignidad y su liderazgo.
El Gobierno sostiene que “la misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”. También plantea que ninguna mujer debería aceptar la humillación como condición para participar en la vida pública, sin importar su ideología, su apellido o el cargo que ocupe.
Por otra parte, el Gobierno afirma que defiende la libertad de prensa, la caricatura y el disenso. Sin embargo, considera que también existe el derecho a rechazar públicamente lo que califica como expresiones degradantes y discriminatorias.
La pelota ahora está en la Fiscalía
El Gobierno no solo rechazó las expresiones. También le pidió a la Fiscalía analizarlas “con la seriedad y diligencia” que exige la protección de los derechos de las mujeres.
Para sustentar su solicitud, el comunicado cita dos normas. La primera es la Ley 1257 de 2008, que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia psicológica. La segunda es la Ley 2453 de 2025, que, según el Gobierno, establece mecanismos frente a la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.
Eso sí, el propio Gobierno aclara que serán las autoridades competentes las que determinen, con independencia y respeto por el debido proceso, si las expresiones constituyen alguna conducta sancionable. Por ahora no hay una investigación anunciada.
El comunicado cierra con un llamado a evitar lo que llama “condena selectiva”: rechazar la violencia contra unas mujeres e ignorarla cuando afecta a otras. También expresa su solidaridad con la primera dama y con las mujeres que han enfrentado discriminación por ejercer liderazgo público.
