El Estatuto Antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió el aval del Consejo Superior de Política Criminal, un paso previo a su presentación ante el Congreso de la República. La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Destacó el respaldo obtenido durante la votación.
La iniciativa recibió alrededor de 11 votos a favor y tres en contra. Entre las posiciones contrarias estuvieron las de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la representante del Pacto Histórico, Paola Andrea Quiñónez.
El concepto favorable representa el primer paso institucional para avanzar con la propuesta del Gobierno, que busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir organizaciones terroristas y estructuras criminales.
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¿Qué propone el Estatuto Antiterrorista?
Como explica esta nota, el proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, en el que podrían incluirse organizaciones y personas que cumplan con los criterios establecidos en la iniciativa.
La inclusión en este registro podría generar consecuencias económicas y administrativas, entre ellas el congelamiento de fondos, activos y recursos bancarios, así como restricciones para contratar con el Estado y acceder a subsidios o beneficios públicos.
El borrador también plantea la creación de un Alto Comisionado de Lucha contra el Terrorismo, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El cargo sería designado directamente por el presidente de la República por un periodo de cinco años. No tendrá posibilidad de reelección.
Otra de las propuestas es establecer un régimen penitenciario especial para los cabecillas de organizaciones consideradas terroristas. Con establecimientos o pabellones exclusivos y restricciones en las comunicaciones y visitas, con excepciones para asuntos relacionados con la defensa judicial.
Además, el proyecto contempla beneficios para quienes colaboren eficazmente con las autoridades en la desarticulación de estas estructuras, incluida una posible reducción de hasta el 60 % de la pena, bajo las condiciones previstas en el borrador.
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¿Qué sigue para el proyecto?
Tras el aval del Consejo Superior de Política Criminal, el Gobierno prevé enviar el texto al área jurídica de la Presidencia para su revisión final y posteriormente radicarlo ante el Congreso.
Al tratarse de una ley estatutaria, la iniciativa deberá cumplir un trámite legislativo especia. Deberá tener mayorías absolutas, aprobación durante una misma legislatura y revisión previa de la Corte Constitucional si es aprobada.
Por ahora, el concepto favorable no convierte la propuesta en ley. Su contenido deberá someterse al debate legislativo y al control constitucional correspondiente.
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