El Equipo de Empalme Anticorrupción del gobierno entrante notificó formalmente al liquidador del MinIgualdad, Rafael Rodríguez Ortiz, y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, que deben frenar de inmediato las maniobras contractuales de última hora en Fonigualdad. La instrucción partió directamente del presidente electo a menos de 48 horas de su posesión.
Fonigualdad es el patrimonio autónomo que administra los recursos del MinIgualdad. Actualmente está en proceso de liquidación, ordenado mediante el Decreto 626 de 2026. Según la notificación, los contratos detectados exceden las facultades legales que ese decreto les da a los liquidadores en sus artículos 4 y 34, normas que limitan la contratación durante un proceso de liquidación a lo estrictamente necesario para adelantarlo.
Qué exige exactamente el equipo de empalme
La comunicación plantea tres exigencias puntuales y, según se advierte en el texto, sin espacio para dilaciones:
- Suspender de inmediato cualquier nueva vinculación de personal a través de empresas temporales o bolsas de empleo.
- Congelar 9.082 millones de pesos en anticipos, nómina y desembolsos pendientes del contrato EGA-033ICD-008-2026, suscrito con la empresa Laborando S.A.S. por 30.275 millones de pesos para vincular a 1.270 personas en misión.
- Entregar el inventario contable y contractual completo de la entidad para su auditoría.
El Equipo de Empalme Anticorrupción advirtió que cualquier omisión en el deber de diligencia, o cualquier giro adicional de recursos, comprometería la responsabilidad fiscal. Además de la responsabilidad disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados. Se trata de una advertencia sobre las consecuencias que podría acarrear seguir adelante con los desembolsos, no de una imputación o sanción ya definida contra alguna persona.
Un contrato que ya está bajo la lupa de dos organismos de control
Este no es el primer llamado de atención sobre la contratación de Fonigualdad en plena liquidación. El contrato de $30.275 millones con Laborando S.A.S. para el programa Jóvenes en Paz, firmado el 1 de julio, ya es objeto de una indagación previa de la Procuraduría, que ordenó a Fiduagraria entregar los antecedentes administrativos del proceso.
Por otro lado, la Contraloría ya había advertido, en respuesta a denuncias de la senadora Paloma Valencia, un riesgo inminente de afectación al patrimonio público por $140.910 millones en cinco contratos distintos suscritos con Laborando S.A.S. para vincular a más de 4.200 trabajadores en misión. Ese ente de control concluyó que no existían resultados verificables que mostraran que esa contratación de personal contribuyera al propósito de Fonigualdad.
La alerta corresponde al conjunto de los cinco contratos con la firma. No exclusivamente al contrato de 30.275 millones que ahora pide congelar el empalme.
Quién queda enterado de la exigencia
La notificación del Empalme Anticorrupción se envió con copia al presidente saliente, Gustavo Petro, y a los organismos de control y judiciales: la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. También se remitió a Fiduprevisora y Fiducoldex, las otras dos fiduciarias que, junto con Fiduagraria, integran el consorcio que administra el patrimonio autónomo de Fonigualdad.
El equipo de transición insistió en que ninguna maniobra contractual de última hora quedará sin respuesta y afirmó que, a dos días de la posesión presidencial, la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos es total y permanente.
Lo que sigue ahora es la respuesta que den el liquidador Rodríguez Ortiz y Fiduagraria a estas exigencias. Así como el desarrollo paralelo de la indagación que ya adelanta la Procuraduría sobre el mismo contrato con Laborando S.A.S
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