La reciente resolución de la Alcaldía de Cali que permite a 222 busetas del Transporte Público Colectivo volver a operar ha generado opiniones divididas. Esta decisión ha sido objeto de controversia, ya que se emitió el mismo día en que la Alcaldía y Metrocali ordenaron la salida de operación de 70 buses del sistema MÍO debido a incumplimientos en su revisión y mantenimiento.
Los operadores del MÍO, en particular, se oponen a esta medida y expresan su preocupación. Argumentan que esta acción podría representar un retroceso de 20 o 30 años para la ciudad. Señalan que la suspensión de los 70 buses del MÍO se debió en parte a la falta de cumplimiento de la revisión “overhaul”, y afirman que esta revisión no se ha realizado debido a las deudas millonarias que Metrocali tiene con ellos.
Rubén Chacón, subgerente de GIT Masivo, uno de los operadores del MÍO, menciona que esta medida podría llevar a una situación similar a la del Transporte Público Colectivo (TPC), donde empresas no eran propietarias de los buses, lo que resultaba en un incumplimiento de las normas laborales y de seguridad.
La resolución 1080 busca integrar las busetas con el MÍO posteriormente para mejorar el servicio y la cobertura. Javier Arias, secretario de Movilidad de Cali, señala que la medida permitirá a las empresas reactivarse y reemplazar sus flotas para ofrecer un mejor servicio.
Los operadores del MÍO comparten preocupaciones sobre cómo operarán estos buses en coordinación con ellos y cómo se llevará a cabo la integración tarifaria.
La resolución ha generado controversia debido a la aparente contradicción entre permitir que las busetas del Transporte Público Colectivo vuelvan a operar y la suspensión de buses del MÍO debido a incumplimientos en su revisión y mantenimiento. Los operadores del MÍO expresan preocupación por la falta de información sobre la coordinación y la integración tarifaria con estos nuevos buses.
