Se trata de movimientos financieros logrados durante las últimas semanas. El objetivo es liberar $515.000 millones. Ese dinero se podrá invertir en programas sociales y de infraestructura.
El Ministerio de Hacienda emitió un concepto favorable sobre dicha refinanciación, lo que permite utilizar los recursos para financiar proyectos de importancia para la ciudad.
Actualmente, la deuda de la administración pública de Cali asciende a más de $1 billón, y con este movimiento el pago final de la deuda se extenderá hasta 2036, lo que permite un alivio financiero para la Alcaldía, garantizando la disponibilidad de recursos para inversiones prioritarias.
“Con esta noticia, desde la Alcaldía de Santiago de Cali reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y el progreso de la ciudad, priorizando la inversión social y la mejora de la infraestructura para asegurar un futuro próspero para todos los caleños”, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
El resultado del proceso de refinanciación de la deuda, representa para los caleños, un ahorro de 30% en los pagos anuales.
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Abren investigación a Contralor de Cali por omisión de hallazgo fiscal
La decisión la dio a conocer en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado.
Se trata de una investigación disciplinaria al contralor distrital de Santiago de Cali, Pedro Antonio Ordoñez. Se dio por la presunta omisión de un hallazgo fiscal por $50 millones tras una auditoría financiera y de gestión adelantada a Metrocali S.A.
Según el órgano de control “durante una entrevista radial la presidenta del sindicato de la entidad denunció supuestas irregularidades. Esto, tras las investigaciones de la auditoría, en las que se detectó que el concesionario Unión Temporal Recaudo y Tecnología adquirió una póliza. Esa póliza no contaba con la cobertura de daños originada por asonada o desórdenes populares”.
“Ordoñez habría pasado por alto hacer cumplir la obligación que era responsabilidad de la Unión Temporal. Esa situación ocasionó que el distrito tuviera que asumir los daños que sufrió la infraestructura física del Masivo Integrado de Occidente – MIO por cuenta del denominado estallido social”, agregó la Procuraduría.
Desde el Ministerio Público se indicó que “se investigará lo afirmado por la dirigente sindical al señalar que, al parecer, por el hallazgo la retiraron del proceso, junto a otros funcionarios, por órdenes del contralor distrital, y cuando se publica el informe fiscal en su versión final se da cuenta de la ausencia del reporte de la incidencia fiscal”.
La entidad busca determinar la identidad de los presuntos responsables y ordenará recaudar las pruebas que permitan establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.