Habitantes de las zonas cercanas a las cárceles de Villanueva y el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili, en Cali, reportan constantes interrupciones en sus servicios de telefonía móvil e internet debido al funcionamiento de los inhibidores de señal instalados en los centros penitenciarios. Estos dispositivos, diseñados para prevenir comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles, están generando problemas significativos para los vecinos.
En este contexto, el Juzgado 13 de Cali admitió una tutela presentada por el exconcejal Juan Martín Bravo, quien busca garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados. Según Bravo, estas interferencias no solo vulneran el derecho a la comunicación, sino que también pueden comprometer la seguridad de los residentes, especialmente en situaciones de emergencia.
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“La comunicación es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por fallas en la implementación de tecnologías de seguridad. Es necesario garantizar que las medidas tomadas no perjudiquen la vida cotidiana de los ciudadanos”, afirmó Bravo.
Inhibidores de señal causan interferencias más allá del perímetro de las cárceles
El documento de la tutela señala que los inhibidores de señal, instalados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), generan interferencias más allá del perímetro de las cárceles, afectando a cientos de metros de distancia. Por ello, Bravo propone la reconfiguración de estos sistemas de bloqueo y el uso de tecnologías menos invasivas que no interfieran con las comunidades vecinas.
La admisión de esta tutela por parte del Juzgado 13 podría sentar un precedente en el uso de tecnologías de seguridad penitenciaria. Aunque en 2022 el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió una acción popular similar sin declarar culpable al director general del Inpec por las afectaciones en la cárcel de Cómbita, este caso podría reabrir el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.
Cabe destacar que los inhibidores de señal tienen como objetivo principal evitar comunicaciones no autorizadas desde el interior de los centros penitenciarios, muchas de las cuales están relacionadas con actividades extorsivas. Sin embargo, la implementación de estas medidas de seguridad debe ser compatible con los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
