La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Heber Vélez Valdez, profesor del colegio Rafael Navia Varón, ubicada en el sur de Cali, Valle del Cauca. Las acusaciones incluyen conductas sexuales inapropiadas y amenazas dirigidas a varias de sus alumnas menores de edad. Según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido en 2022 y se habrían repetido en múltiples ocasiones, afectando a estudiantes del género femenino.
Las autoridades señalaron que Vélez Valdez habría incurrido en tocamientos indebidos, emitido comentarios inapropiados sobre el cuerpo de las estudiantes y realizado preguntas ofensivas relacionadas con su orientación sexual. Además, se le acusa de observar a las jóvenes de manera que podría considerarse inapropiada. Estas acciones habrían vulnerado los derechos fundamentales de las estudiantes y violado las normativas que regulan el comportamiento en los colegios.
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Secuelas en el colegio: Impacto psicológico
El Ministerio Público destacó que las presuntas acciones del docente no solo habrían transgredido los derechos de las alumnas, sino que también habrían generado daños psicológicos significativos. Según los testimonios, Vélez Valdez habría amenazado a las estudiantes con afectar sus calificaciones si denunciaban los hechos. Esto habría generado un clima de miedo y silencio, retrasando las denuncias y agravando el impacto emocional en las víctimas.
El profesor habría utilizado su posición de poder para manipular a las jóvenes, generando un clima de intimidación. Este comportamiento habría afectado no solo a las víctimas directas, sino también a la comunidad estudiantil en general, que habría percibido un ambiente de inseguridad y desprotección.
Responsabilidad del docente
Como servidor público y docente de un colegio oficial, Vélez Valdez tenía la obligación de garantizar un entorno seguro y respetuoso para los estudiantes, en línea con las políticas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su presunto comportamiento habría violado estas responsabilidades, llevando a la Procuraduría a calificar su conducta como falta grave cometida con plena conciencia.
La Procuraduría también enfatizó que los docentes tienen un papel fundamental en la formación integral de los estudiantes, lo que incluye proteger su integridad física y emocional. El presunto incumplimiento de estas obligaciones habría generado un quiebre de confianza, impulsando un llamado a reforzar la supervisión y prevención en las instituciones escolares.
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Caso similar en colegio del Cauca
En un hecho relacionado, la Procuraduría General también formuló cargos contra Sanín Hernando Astudillo Martínez, exdocente de la Institución Educativa Madre Caridad Brader, en Rosas, Cauca. Astudillo Martínez habría solicitado favores sexuales a una estudiante menor de edad a cambio de mejorar sus calificaciones. Los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2017, cuando el profesor aprovechó las dificultades académicas de la joven para realizar esta solicitud.
Esta presunta conducta habría afectado gravemente la libertad e integridad sexual de la adolescente, así como su autoestima y dignidad humana. El Ministerio Público indicó que estas acciones no solo vulneran derechos, sino que fomentan la impunidad, perpetuando abusos en el ámbito educativo.
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Investigaciones en curso
En ambos casos, las investigaciones continúan en curso. La Procuraduría General de la Nación ha calificado provisionalmente las conductas de los docentes como faltas graves cometidas a título de dolo. Las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes en caso de confirmarse las acusaciones.
Estos casos evidencian la necesidad de fortalecer la protección estudiantil y garantizar entornos educativos seguros y libres de abusos. Las autoridades han reiterado su compromiso de actuar con firmeza para evitar que hechos como estos se repitan en el futuro.
