El Juzgado 33 Penal Municipal de Cali ordenó una sanción de diez días de arresto y el pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos a cuatro directivos del Colegio Colombo Británico. La razón: incumplir una orden de tutela que exigía entregar la documentación completa de un proceso disciplinario en curso contra un estudiante.
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El fallo judicial determinaba que la institución debía proporcionar el expediente sin omisiones, incluyendo los nombres de los testigos en contra del alumno, con el fin de garantizar su derecho a la defensa. No obstante, el colegio entregó los documentos con los nombres tachados, argumentando la protección de datos personales. Esta acción fue considerada una vulneración a los derechos del estudiante y llevó a la apertura de un incidente de desacato.
“A pesar de la orden judicial, el colegio sigue sin entregar la documentación completa y sin alteraciones, como lo establece la ley“, afirmó Hernando Morales, abogado demandante en el caso.
Investigación de delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado
Los sancionados incluyen al rector Nicholas John Reeves, al representante legal suplente Andrés Felipe de Francisco Díaz, a la presidenta de la junta directiva Mónica Marriaga Martínez y al directivo Pablo Andrés Tascón Echeverry.
Además de la sanción impuesta, el juzgado trasladó el caso a la Unidad de Fiscales de Cali para investigar posibles delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado. En paralelo, la Secretaría de Educación Distrital adelanta una investigación contra el colegio por situaciones similares relacionadas con el debido proceso en otras instancias disciplinarias.
El caso ha puesto en el centro del debate el cumplimiento de las garantías constitucionales en los procesos educativos y la responsabilidad de las instituciones al acatar órdenes judiciales. En los próximos días se espera conocer más detalles sobre el impacto de esta decisión y las eventuales consecuencias para la directiva del colegio.
