La Procuraduría General de la Nación inhabilitó 13 al suboficial Ricardo Arévalo Moreno, tras hallarlo culpable de acoso laboral contra un sargento segundo en Cali. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali determinó que Arévalo usó su cargo para descalificar e intimidar repetidamente a su subalterno.
Según el fallo disciplinario, el suboficial destituido realizó comentarios calumniosos y mostró actitudes discriminatorias en la asignación de tareas. Las pruebas presentadas en el proceso confirmaron que estos actos ocurrieron de manera pública durante formaciones militares en 2020.
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Pruebas y calificación de la falta
Se demostró que el acoso laboral se extendió por aproximadamente cuatro meses, interfiriendo con las funciones del sargento segundo. La Procuraduría concluyó que las acciones de Arévalo Moreno no solo afectaron el desempeño del subalterno, sino que también buscaban deteriorar su estabilidad emocional y profesional.
Dado el impacto negativo de su conducta, el ente de control calificó el acoso laboral como una falta gravísima cometida con dolo. Esta categoría implica que el acusado tenía pleno conocimiento de sus actos y sus consecuencias, pero aun así decidió persistir en su comportamiento.
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Marco legal y panorama del acoso laboral en Colombia
El acoso laboral en Colombia está regulado por la Ley 1010 de 2006, la cual contempla sanciones para diversas formas de hostigamiento en el ámbito laboral. Entre las conductas penalizadas están la discriminación, las agresiones físicas o verbales, el uso de expresiones injuriosas y las amenazas injustificadas de despido.
En 2024, la Procuraduría reportó unas 2.000 investigaciones por acoso laboral, evidenciando un problema generalizado. La procuradora Margarita Cabello Blanco destacó la importancia de cumplir la normativa para garantizar entornos laborales dignos.
La inhabilitación de Arévalo sienta un precedente sobre las consecuencias de este tipo de conductas, que afectan el bienestar y la productividad de los trabajadores. De esta forma, se destaca la necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia y protección para las víctimas de acoso laboral en el país, garantizando sanciones correspondientes y promoviendo ambientes laborales seguros.