El caso del secuestro de Lyan Hortúa, el niño de 11 años plagiado en Jamundí a inicios de mayo, dio un giro aún más dramático tras el asesinato de Antonio Cuadros, primo del padrastro del menor. Según confirmó el personero de Cali, Gerardo Mendoza, Cuadros habría sido el responsable de entregar el dinero que facilitó la liberación del niño el pasado 21 de mayo.
El crimen se registró en la mañana del jueves 22 de mayo en el barrio Bretaña. Cuadros fue atacado por desconocidos luego de haber participado, de acuerdo con testimonios familiares, en el proceso que culminó con el regreso del niño a su hogar.
“Condenamos este asesinato y exigimos respuestas. Cali no puede seguir siendo un terreno fértil para la violencia y la impunidad. Antonio no solo fue un intermediario, fue un ciudadano que luchó por la vida de un niño”, expresó el personero Mendoza, quien además recordó que Cuadros acompañó las manifestaciones y exigencias por la liberación del menor.
Nuevas hipótesis sacuden el secuestro de Lyan José
Aunque las autoridades inicialmente manejaron la hipótesis de un secuestro con fines extorsivos por parte de la disidencia ‘Jaime Martínez’ de las Farc, nuevos elementos apuntan a un trasfondo mucho más complejo. Fuentes policiales consultadas por medios nacionales indican que el secuestro estaría relacionado con una deuda millonaria en el mundo del narcotráfico.
Investigaciones recientes señalan a Diego Rastrojo, exjefe criminal del Valle, como presunto autor intelectual del secuestro. Según esa versión, el objetivo inicial era raptar a la madre de Lyan o a su padrastro como medida de presión por una antigua deuda. La familia del niño tendría vínculos con alias Mascota, padre biológico del menor, asesinado en 2013 y quien habría sido uno de los hombres de confianza de Rastrojo.
La deuda, que podría superar los 37 mil millones de pesos, estaría relacionada con bienes y dinero que, tras la caída de esa estructura criminal, quedaron bajo custodia de familiares de Lyan. El secuestro del niño habría sido un “error de objetivo”, que luego fue aprovechado para exigir el pago pendiente.
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El asesinato de Antonio Cuadros, entonces, se convierte en un capítulo alarmante dentro de este entramado de crimen organizado, donde las estructuras ilegales no solo secuestran, sino que eliminan testigos clave. Las autoridades no descartan que su participación en la entrega del rescate haya desencadenado represalias.
El caso está en manos de unidades especializadas de la Fiscalía y la Policía Nacional, que ya adelantan labores investigativas para identificar a los responsables. La comunidad y organizaciones de derechos humanos piden justicia y garantías de protección para las personas involucradas en este proceso.
