Lyan José Hortúa, de 11 años, fue secuestrado en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, y estuvo privado de la libertad durante 18 días. El caso, que fue conocido públicamente esta semana, ha generado indignación no solo por el secuestro en sí, sino porque la familia del menor afirma que tuvo que pagar una suma de dinero para lograr su liberación, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.
Durante el tiempo que el niño permaneció en manos de un grupo armado ilegal, presuntamente disidencias de las Farc, los familiares iniciaron una serie de contactos con entidades del Estado para gestionar su rescate. Sin embargo, según denunció Sebastián Bonilla, tío del menor, lo único que recibieron fueron advertencias sobre los riesgos de una operación y la complejidad de la situación.
“Nos dijeron que el proceso podía tardar meses, que había que evitar poner en peligro al niño. Pero nadie nos ofreció una solución clara”, aseguró Bonilla en entrevista radial.
Según los familiares, fueron dejados a su suerte
De acuerdo con el testimonio de los allegados del menor, tras días sin avances, funcionarios les habrían sugerido informalmente que consideraran la posibilidad de pagar por el rescate. Esta afirmación fue acompañada por fuertes críticas hacia el Estado, al que acusan de dejarlos solos en medio de una situación crítica. “La realidad es que la decisión la tomamos porque no había más camino. Nunca vimos una intervención directa, nadie nos acompañó en el proceso. Solo nos dieron advertencias”, expresó Bonilla.
El rescate del niño, según explicaron, fue posible gracias a la intervención de una prima de Lyan, quien asumió el riesgo de hablar directamente con los captores y concretar la entrega del dinero. “La prima fue quien se reunió con ellos. Ella habló, negoció, y se encargó de lo que el Estado no quiso o no pudo hacer”, señaló el tío del menor. En medio del drama, la familia aclaró que no tienen ningún vínculo con actividades ilegales y que fueron seleccionados erróneamente como objetivo de secuestro.
“Nosotros tenemos una joyería, pero no somos ricos. Vendemos bajo préstamo, y por las redes sociales algunos creen que uno está lleno de oro. Esa fue la imagen que vieron”, explicó Bonilla.
El grupo armado exigió una alta suma de dinero
Aunque no revelaron la cantidad exacta entregada, los familiares aseguran que la cifra fue desproporcionada. Afirman que quedaron endeudados tras la transacción, y que no entienden cómo tuvieron que asumir una carga que, consideran, debía haber sido responsabilidad del Estado.
El niño fue liberado por el grupo armado y dejado en manos de una familia campesina en un área remota de Jamundí. Fue después de este contacto que los allegados lograron recuperarlo. Pese a que las autoridades han negado tener conocimiento del pago, la familia insiste en que sí lo hubo, y que fue la única vía para que Lyan regresara a casa.
“Sentimos abandono. El Estado no actuó. Nos tocó a nosotros negociar, pagar y encargarnos de todo. No entendemos cómo pueden permitir que un niño viva algo así”, declaró Bonilla.
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Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso ni hay claridad sobre si se iniciará una investigación formal para determinar responsabilidades por el secuestro o por la omisión de las autoridades.
