Este sábado 24 de mayo, Cali recibió el foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático de cara al 2026. Los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra se disputan por ser el ungido del partido para llegar a la Casa de Nariño. Por eso, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, desde la capital valluna sentaron algunas de sus propuestas.
Los cinco precandidatos hablaron sobre paz, seguridad, derechos laborales y educación. Cuestionaron la reforma laboral de Gustavo Petro y el llamado a un paro nacional, el cual se hará entre el 28 y 29 de mayo. Estos foros iniciaron desde noviembre del 2024 y van de correría por todo el país. Entre sus asistentes están militantes del Centro Democrático, ciudadanos y congresistas uribistas.
Esta vez, el foro tuvo lugar en Cali. Esa ciudad se caracterizó por ponerle más de un millón de votos a Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022. Y por haber sido el epicentro del Paro Nacional en 2021, en rechazo de la reforma tributaria impulsada por el gobierno del uribista Iván Duque y que luego sacó a la luz otras problemáticas como el abandono estatal y la desigualdad social.
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Paz y seguridad, los temas centrales del foro
“Cali y el Valle no resisten más con los problemas de Nariño, Cauca y Chocó. Recibimos personas que por violencia han llegado a nuestro departamento”, dijo el representante por el Valle Christian Garcés en su discurso de apertura. El foro propuso dignificar la Fuerza Pública, recuperar el control institucional, el estatus de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de las negociaciones con los grupos armados.
Por su parte, Paloma Valencia aseguró que la protesta debe mediarse antes de que se lleve a cabo. “No podemos permitir que la ciudadanía que quiere hablar y exigir la utilice la criminalidad para destruir nuestro país”, dijo. Valencia aseguró que no permitiría los bloqueos en las vías y que impulsará un decreto que lo haga realidad y que defienda el derecho a la movilidad de todos los colombianos.
La precandidata Cabal cuestionó las negociaciones con grupos armados y la forma de hacer paz en el país. “La paz no se negocia, la paz se impone con el poder de la Constitución y la autoridad que da la ley (…) Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz”. Por eso, aseguró que se debe tener una política pública de seguridad de Estado y no de gobierno ni de “disfraces de paz”, como lo ha sido, según ella, con Gustavo Petro.
Cabal además cuestionó el estallido social del 2021 y el Monumento a la Resistencia en honor a los jóvenes asesinados en el marco de las protestas. “Aquí nos pusieron un podio que le llaman monumento, una porquería, porque exaltaron la barbarie. Esa exaltación de la barbarie les gusta a los socialistas depredadores como el sombrerito de Pizarro, la bata del cura Camilo”, señaló.
El precandidato Miguel Uribe dijo que “acabaría la impunidad” y cambiar el nombre de “reclutamiento de menores” por “secuestro de niños”. Por su parte, los precandidatos Paola Holguín y Andrés Guerra cuestionaron el papel de la JEP y aseguraron que regresaría la fumigación aérea de cultivos ilícitos. “La JEP es un tribunal que hoy tiene debilidad de legitimidad y legalidad”, dijo Holguín.
Sobre la “Petroreforma” laboral
El expresidente Uribe le endilgó el nombre de “Petroreforma” a la reforma laboral que revivió en el Senado. Y aseguró que los uribistas tienen mejores propuestas en términos de derechos laborales. Prometió excluir a las micro y medianas empresas del pago de recargos dominicales y festivos. En su lugar, las grandes empresas pagarían los recargos nocturnos desde las 7 de la noche.
Además, aseguró que no eliminaría el contrato sindical. “Es la posibilidad de que se entiendan los empresarios y empleados. No es el odio de clases”, dijo el expresidente Uribe. Esa propuesta fue apoyada por la precandidata Holguín. El uribismo se ha opuesto a las reformas sociales del gobierno Petro, como la de la salud, la pensional y la laboral.
Lo clave
Por ahora, los precandidatos prometen darle un giro de 180 grados al país en términos de seguridad, paz y derechos laborales desde el 8 de agosto del 2026, si llegan a ser electos. La derecha se ha opuesto a la política de Paz Total del gobierno Petro y es crítico de la justicia transicional implementada desde la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Su política de seguridad se concentra en la “mano dura”, en el prohibicionismo del consumo de drogas y en fortalecer la Fuerza Pública.
Su mirada en torno a la paz está en contra de los diálogos con grupos armados y a favor de la erradicación de cultivos ilícitos. Por eso, busca endurecer las penas contra miembros de grupos armados, aumentar la ofensiva de las Fuerzas Armadas y desmantelar los laboratorios de droga como forma de contrarrestar el narcotráfico y el conflicto. En pocas palabras, quiere revivir la “seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe, reconocida por las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y cuestionada por violar derechos humanos.
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