La tensión en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) alcanzó un nuevo nivel tras la denuncia interpuesta por su gerente general, Roger Mina, contra Harold Viáfara, presidente del sindicato USE. La acción legal, radicada ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería, incluye cargos por discriminación racial, hostigamiento, violencia psicológica, calumnia e injuria agravada.
En el corazón del caso se encuentran varias declaraciones que, según el gerente, configuran un ataque sistemático a su dignidad y trayectoria profesional, sustentado en prejuicios raciales y difundido masivamente por redes sociales. Uno de los audios más polémicos, difundido en noviembre de 2024, recoge frases que han generado profundo rechazo: “Lastimosamente hay negros en Colombia que, aunque tengan todos los cartones, siguen siendo esclavos, compañeros, por su pobre mentalidad”.
Mina, quien ha escalado profesionalmente desde el barrio Petecuy hasta dirigir una de las empresas públicas más importantes del suroccidente colombiano, asegura que los señalamientos van más allá de una crítica sindical: “No es solo un ataque contra mí. Es una agresión contra quienes hemos roto barreras sociales a través del mérito”.
Situación agravada por nuevas intervenciones públicas del líder sindical
La situación se agravó con nuevas intervenciones públicas del líder sindical, en las que calificó al gerente de “mediocre” y lo acusó de participar en supuestos actos de corrupción y privatización. Estas afirmaciones, aún sin respaldo probatorio, constituyen, según la denuncia, un atentado contra el buen nombre de Mina y una forma de violencia psicológica que afecta el clima organizacional en Emcali.
La denuncia también señala que Viáfara, en calidad de abogado y servidor público, conocía la gravedad de sus declaraciones, lo que justificaría según el equipo jurídico de Mina una sanción ejemplar: destitución del cargo e inhabilidad de hasta 20 años para ejercer funciones públicas.
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El caso ha despertado atención dentro y fuera de la entidad. Emcali atraviesa actualmente una etapa de reestructuración institucional, y la confrontación entre su principal directivo y el líder sindical amenaza con impactar las dinámicas internas y el proceso de transformación empresarial.
Ahora, será responsabilidad de los entes de control determinar si las expresiones del presidente sindical cruzaron la línea de la libertad de expresión y se convirtieron en delitos. Mientras tanto, el episodio reabre el debate sobre los límites éticos del discurso sindical y los desafíos de liderar desde la diferencia en las instituciones públicas.
