Las autoridades del Valle del Cauca intensifican su ofensiva contra el crimen organizado. En un nuevo consejo de seguridad celebrado en Cali, con la presencia del delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía General de la Nación y nueve directores especializados, se acordó fortalecer las líneas de investigación que acompañan el plan de choque que la ciudad implementa desde el 16 de mayo.
La articulación con la Fiscalía busca no solo consolidar los resultados obtenidos como la captura de 47 personas, la incautación de 23 armas, 15 mil dosis de droga y la recuperación de 16 vehículos, sino también identificar y golpear con mayor contundencia a las estructuras que operan en Cali, su área metropolitana y el sur del departamento.
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“El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional es clave para enfrentar la ilegalidad que se origina en territorios vecinos como Jamundí y el norte del Cauca, donde persisten cultivos de coca, minería ilegal y otras actividades delictivas que alimentan la violencia en nuestra ciudad”, señaló el alcalde Alejandro Eder durante la reunión.
Consejo de seguridad permitirá enfocar esfuerzos de inteligencia
Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García Guerrero, explicó que con este encuentro se definieron prioridades judiciales que permitirán enfocar los esfuerzos de inteligencia en los actores que más afectan la seguridad ciudadana.
El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana, anunció que se han trazado nuevas líneas de acción orientadas a desarticular las organizaciones criminales que operan en la región. “El objetivo es impactar sus finanzas y estructuras, debilitándolas de forma integral”, dijo.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró el despliegue de fiscales especializados en el departamento y destacó que la presencia permanente de estos funcionarios permitirá respuestas más rápidas y eficaces frente al delito.
Este refuerzo investigativo representa un paso más en la meta conjunta de devolver la tranquilidad a caleños y vallecaucanos, mediante acciones sostenidas que combinen presencia en territorio con capacidad judicial para sancionar a los responsables.
