En Cali, exactamente en la Comuna 18 de Cali vive días de luto e indignación tras la muerte violenta de Mauricio Alegría Lucumí, conocido como ‘Pipo’, un joven líder comunitario y entrenador de fútbol que dedicó su vida a alejar a niños y adolescentes de la violencia mediante el deporte. Su cuerpo fue encontrado el pasado domingo 1 de junio en el río Meléndez, en el sur de la ciudad, con signos de violencia que evidencian un homicidio brutal.
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Según el informe de las autoridades, Pipo presentaba ocho heridas con arma blanca siete en la espalda y una en el tórax antes de ser arrojado al afluente. Con menos de 30 años, su asesinato ha causado consternación en el barrio Los Chorros, donde era ampliamente reconocido por su trabajo comunitario y su papel como formador de futuras generaciones.
Alcaldía ofrece 50 millones para información sobre los responsables del crimen
Desde la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen. Mientras tanto, la comunidad ha organizado velatones, plantones y actos simbólicos en la cancha donde Pipo solía entrenar a sus grupos de fútbol.
A través de torneos, actividades lúdicas y espacios de reflexión, Mauricio promovía valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. “Nos están matando a quienes construimos paz desde los barrios”, declaró una lideresa juvenil a Semana, a su vez denunció el aumento de homicidios selectivos contra quienes lideran procesos sociales.
En lo que va del año, Cali ha registrado más de 400 asesinatos, muchos de ellos en sectores históricamente vulnerables como la Comuna 18. Organizaciones como Indepaz alertan sobre el asesinato sistemático de líderes sociales; el de Pipo sería el número 71 en Colombia durante 2024.
El legado de Mauricio ‘Pipo’ Alegría seguirá vivo en las historias de quienes entrenó y motivó, y en los espacios que ayudó a construir como refugio frente a la violencia. Ahora, sus vecinos exigen justicia y garantías para que trabajar por el bien común no sea una sentencia de muerte.
