La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios aún no identificados del Distrito Especial de Santiago de Cali, ante denuncias sobre presuntos cobros irregulares a contratistas de la administración local. La investigación, liderada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali, pretende verificar la veracidad de los señalamientos y determinar si se configura una falta disciplinaria.
De acuerdo con lo informado por el órgano de control, la decisión surge tras la difusión de denuncias en medios de comunicación y redes sociales, en las que se afirma que algunos contratistas estarían siendo presionados para entregar hasta el 40 % de sus honorarios mensuales. Según las versiones recogidas, estos aportes se estarían realizando mediante transferencias digitales, utilizando plataformas como Nequi, y serían gestionados por coordinadores de equipos y otros intermediarios.
Leer más: Con 50 capturas, desmantelan bandas criminales en Cali
La indagación también pretende identificar si detrás de estas prácticas existe una estructura organizada que, al parecer, combinaría intereses políticos y redes internas de la administración distrital para recaudar los recursos. Entre las irregularidades mencionadas se encuentra la supuesta inclusión de contratistas en listas de exclusión laboral o “listas rojas” como mecanismo de presión.
El proceso disciplinario busca determinar la ocurrencia de los hechos, identificar a los responsables y establecer si actuaron bajo alguna causal que los exima de responsabilidad. Para ello, la Procuraduría dispuso la recolección de pruebas y testimonios.
Ana Erazo fue quien interpuso la denuncia públicamente
La situación fue denunciada públicamente por la concejala Ana Erazo, del Pacto Histórico, quien advirtió sobre presuntas presiones a contratistas del programa Cali Contrata. Erazo señaló que estas irregularidades se habrían extendido a otras dependencias y cuestionó la transparencia de la actual administración. “Lo que hemos visto es una feria de derroche, sobrecostos, decisiones erráticas y desorden en la contratación pública”, expresó a través de su cuenta en la red social X.
La Procuraduría ha reiterado su compromiso de adelantar las investigaciones con rigor e imparcialidad para garantizar la transparencia en la gestión pública y la protección de los derechos de los trabajadores vinculados mediante contrato.
