La situación de los pacientes diagnosticados con VIH en Cali ha despertado la preocupación de defensores de derechos humanos y organizaciones de salud, luego de que se revelaran fallas en la continuidad de los tratamientos antirretrovirales. Según cifras de la Secretaría de Salud con corte a enero de 2025, por cada 100 mil habitantes de la ciudad, 4,5 viven con VIH, una cifra que ha mostrado un repunte sostenido desde 2021.
El más reciente informe presentado por la Fundación Ancla, dedicada a la atención integral de personas con VIH, advierte sobre irregularidades en algunas IPS, donde se estarían realizando cambios en los esquemas de tratamiento sin el consentimiento ni la participación de los pacientes. “Identificamos que algunas instituciones están reemplazando medicamentos de última generación por otros usados hace más de una década, lo cual puede reducir la efectividad del tratamiento”, denunció Andrés Cardona, director de la fundación.
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Este tipo de prácticas, además de vulnerar derechos fundamentales, representan un retroceso en la lucha contra el virus. La adherencia al tratamiento, clave para el éxito terapéutico, se ve amenazada cuando las personas no reciben los fármacos adecuados, a tiempo, y bajo supervisión médica individualizada. Cardona recalcó que muchas decisiones clínicas parecen responder más al desabastecimiento que a criterios médicos.
Largos tiempos de espera para diagnósticos
La organización también identificó barreras estructurales adicionales: largos tiempos de espera para diagnósticos, dificultades en la entrega de resultados y persistencia del estigma dentro del sistema de salud. “El estigma sigue siendo una muralla que impide el acceso temprano a diagnósticos y tratamientos”, agregó Cardona.
Por todo lo anterior, la Fundación Ancla hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades de salud del Valle del Cauca para que se tomen medidas urgentes que garanticen la disponibilidad de medicamentos, el respeto por los esquemas médicos establecidos y la protección integral de esta población. La falta de acción podría derivar en retrocesos importantes en el control del VIH en la región y en la salud pública en general.
