Una decisión judicial histórica se conoció recientemente en Cali. Un juzgado administrativo emitió una sentencia contra el Estado colombiano por un caso de violencia policial ocurrido durante el Estallido Social de 2021. El fallo reconoce que la mutilación ocular sufrida por Giovanny García Garrido, un joven de 25 años en ese entonces, fue consecuencia directa del uso excesivo de la fuerza por parte de un agente del Esmad.
Los hechos se remontan al 29 de abril de 2021, cuando Giovanny participaba en las movilizaciones en el Paso del Comercio, al norte de la ciudad. En medio de la protesta, un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios le disparó con un fusil lanza granadas, hiriéndolo gravemente en el ojo izquierdo. La herida le provocó una pérdida irreversible de visión.
Desde ese día, su caso se convirtió en uno de los más representativos de lo que vivió Cali durante las protestas. Su lucha no fue solo médica. También fue jurídica, política y simbólica, buscando verdad, reparación y justicia.
La sentencia, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, establece que el disparo fue injustificado. El despacho concluyó que la lesión no fue accidental, ni provocada por una piedra, sino por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado directamente contra su cuerpo.
El fallo reconoce responsabilidad del Estado, Alcaldía y Policía
La decisión implica una condena formal al Estado colombiano, señalando a la Policía Nacional y a la Alcaldía de Cali como responsables. Según el juez, los agentes estatales actuaron con una fuerza desmedida y sin justificación, generando una afectación física y psicológica no solo al joven, sino también a su entorno familiar.
La reconstrucción del caso incluyó testimonios de testigos presenciales, como el de una mujer que afirmó haber visto al uniformado apuntando directamente a Giovanny. Esa versión fue clave para que el juzgado descartara cualquier otra causa para la herida y determinara la acción directa del Esmad como la causa del daño.
Esta sentencia se convierte en un hito porque es de las primeras que reconoce judicialmente los abusos cometidos por agentes del Estado durante el Paro Nacional en Cali. Aunque existen múltiples denuncias similares, muchas aún no tienen una respuesta legal concreta.
El proceso se desarrolló durante cuatro años, en medio del silencio institucional y la lentitud de la justicia. Durante ese tiempo, organizaciones sociales como Nomadesc y Memoria Viva Colombia acompañaron el caso y documentaron otros abusos cometidos en ese contexto.
Cali, epicentro de graves violaciones en el Estallido Social
De acuerdo con esas organizaciones, Cali fue una de las ciudades más golpeadas por la represión estatal en 2021. Los reportes indican que más de 64 jóvenes fueron asesinados, cientos más sufrieron heridas graves, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y otros hechos que hoy siguen sin respuesta.
Entidades internacionales como la CIDH, la ONU y delegaciones de otros países visitaron la ciudad en ese entonces. Su conclusión fue clara: hubo una represión sistemática por parte de las fuerzas estatales.
No obstante, pese a la gravedad de los hechos, las investigaciones penales no han avanzado. Según Nomadesc, la Fiscalía y la Procuraduría siguen sin esclarecer quiénes dieron las órdenes, ni han identificado plenamente a los responsables materiales y por cadena de mando.
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El caso de Giovanny García representa el clamor de cientos de víctimas que exigen justicia, reparación y garantías reales de no repetición. Hoy, con esta sentencia, se abre una puerta.
