La salud de más de 100.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales en Cali está en riesgo por la falta de supervisión en el contrato de aseo suscrito por la Secretaría de Educación Distrital con la Unión Temporal UT 2025. Así lo denunció la concejala María del Carmen Londoño Sanna durante un debate de control político en el Concejo de Cali.
El contrato, que supera los 7 mil millones de pesos, contempla la limpieza de baños, tanques de agua potable y zonas verdes. Sin embargo, las tareas no se están cumpliendo adecuadamente, lo que ha provocado la contaminación del agua almacenada en los tanques de las instituciones, con presencia confirmada de coliformes totales, residuos indicativos de materia fecal.
En colegios como el INEM, se reporta que algunas personas cobran a los estudiantes 100 pesos por cada ingreso al baño. En muchos casos, no se les entrega papel higiénico, agravando las condiciones de higiene. La concejala cuestionó la falta de control sobre estas prácticas, señalando además que el contrato no exige una frecuencia clara en las tareas, dejando a discreción del contratista cuándo hacerlas.
Mal uso de recursos público
Además del riesgo sanitario, el contrato evidencia sobrecostos y desequilibrios financieros, lo que genera dudas sobre el manejo de recursos públicos. La Secretaría de Educación Distrital tiene la obligación de garantizar la correcta ejecución del servicio, especialmente cuando se trata de temas esenciales como el agua que consumen los menores. También se denunció que en el proceso de limpieza no se utilizaron los productos químicos adecuados, lo que refuerza la sospecha de negligencia en la ejecución del contrato.
A esto se suma una preocupación persistente: la “cobertura contratada”, una modalidad mediante la cual se entregan recursos públicos a colegios privados para atender a más de 50.000 estudiantes. Según datos revelados, el 16.73% de los estudiantes de Cali están matriculados bajo este modelo.
Para 2025, la inversión en cobertura contratada alcanza los 145 mil 681 millones de pesos, equivalente al 10.7% del presupuesto total de la Secretaría de Educación. Esta cifra contrasta con la de Bogotá, que destina solo el 4.8% para el mismo fin.
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Mientras que el costo promedio por alumno en una institución pública es de 88.174 pesos, en las de cobertura contratada asciende a 3 millones 083 mil pesos. Esta diferencia revela una preocupante ineficiencia en la asignación de los recursos educativos y reaviva el debate sobre la pertinencia de privatizar, de forma encubierta, funciones del Estado en materia de educación.
