En respuesta a la llegada de más de 600 colombianos deportados desde Ecuador, Cali ha desplegado un protocolo especial de atención y seguridad. Se trata de ciudadanos que, en su mayoría, estuvieron privados de la libertad en ese país y que están siendo retornados sin previa coordinación con las autoridades consulares de Colombia. Un número importante de ellos tendrá como destino final la capital del Valle del Cauca, mientras otros seguirán hacia distintas ciudades del territorio nacional.
También puede leer: Capturan al autor del atentado con moto bomba en Cali
La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, informó que se está adelantando un trabajo articulado con Migración Colombia, el Inpec y organizaciones internacionales para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de quienes regresan. “Estamos activando la logística institucional para recibirlos. También hemos dispuesto la participación de la Mesa de Víctimas y la subsecretaría de Víctimas, y estamos trabajando en la creación de cercos de seguridad para evitar alteraciones del orden público”, indicó Álvaro José Pretel, secretario (e) de Seguridad y Justicia de Cali.
Autoridades preocupadas por el impacto de la repatriación
Las autoridades locales manifestaron su preocupación por el impacto que esta repatriación masiva podría tener sobre la infraestructura carcelaria, ya que de por sí está desbordada. La situación se agrava en estaciones como la de Policía de El Caney, donde mujeres privadas de la libertad denuncian la falta de productos básicos de higiene. “Aunque habíamos logrado trasladar a más de 500 personas privadas de la libertad, liberando incluso la carceleta de mujeres en El Caney, las condiciones de inseguridad han vuelto a saturar el sistema”, reconoció Pretel.
En ese sentido, la Alcaldía busca establecer nuevas rutas de atención en conjunto con oficinas internacionales, asegurando soporte jurídico a quienes deban cumplir condenas en Colombia. Se espera que los deportados sean evaluados por las autoridades judiciales competentes para definir su situación legal bajo los marcos nacionales e internacionales.
El plan de contingencia estará vigente mientras se define el número total de personas que permanecerán en Cali y el posible traslado de otras a diferentes departamentos del país.
