La mañana de este lunes 28 de julio, una pancarta con la frase “Uribe a la cárcel” apareció colgada sobre la calle quinta, a la altura de la Loma de la Cruz, una de las vías más transitadas de Cali. El mensaje, escrito en letras negras sobre tela blanca, fue visto por cientos de peatones y conductores, justo cuando el país esperaba el fallo del juicio más mediático de los últimos años.
La imagen se viralizó en redes sociales y dividió opiniones, puesto que algunos la celebraron como una expresión ciudadana legítima, otros la calificaron de provocadora. El contexto no era menor, debido a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sería declarado culpable por soborno a testigos y fraude procesal.
En una decisión sin precedentes, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, declaró culpable a Uribe, tras más de tres años de juicio y 67 audiencias. También, el fallo, leído desde el complejo judicial de Paloquemao, sostiene que el exmandatario lideró una estrategia para manipular declaraciones judiciales a su favor.
Además, según la jueza, existió un patrón de conducta destinado a obstruir la justicia, a través de presiones, pagos y ayudas legales a testigos clave. Entre ellos, Juan Guillermo Monsalve, quien aseguró haber recibido intentos de soborno, y Carlos Enrique Vélez, que confesó haber recibido dinero del abogado Diego Cadena, en nombre de Uribe.
La evidencia y el origen del caso
La Fiscalía presentó pruebas contundentes con llamadas, audios, giros bancarios y declaraciones juradas que, según la sentencia, probaron que Cadena actuó con conocimiento de su cliente. El caso nació en 2018, cuando la Corte Suprema abrió expediente contra Uribe, tras archivar una denuncia suya de 2012 contra el senador Iván Cepeda, y descubrir una red para fabricar testigos.
Aunque se trata de un fallo de primera instancia, la condena marca un quiebre en la historia política reciente. Uribe, figura dominante durante más de dos décadas, enfrenta ahora la posibilidad de una pena de prisión, lo que impactaría directamente al Centro Democrático y el panorama electoral de 2026.
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La defensa anunció apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando persecución política. Sin embargo, voces de la oposición y organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo como una victoria para la justicia y la independencia de los jueces.
