La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la concejal de Cali, María del Carmen Londoño Sanna, quien actualmente ejerce funciones para el periodo 2024-2027. La indagación surge tras denuncias sobre su presunta intervención directa en un procedimiento policial, con el objetivo de impedir la captura de un ciudadano implicado en una agresión.
Los hechos investigados ocurrieron durante un altercado en el que, al parecer, un individuo agredió físicamente a un escolta perteneciente al esquema de seguridad de otro concejal de la ciudad. En ese contexto, la concejal Londoño habría intercedido ante los uniformados para impedir que el presunto agresor fuera detenido, pese a que los agentes ya estaban actuando en cumplimiento de sus funciones.
Autoridad bajo cuestionamiento: ¿extralimitación de funciones?
La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca informó que revisará con detalle la conducta de la funcionaria. Según el ente, es necesario establecer si Londoño Sanna utilizó indebidamente su investidura como concejal para interferir en el accionar de la Policía Nacional, alterando así el orden del procedimiento, afectando el restablecimiento del orden público y comprometiendo la seguridad de los presentes.
Además, el Ministerio Público investigará si la conducta de la cabildante representa una extralimitación de sus funciones o un abuso de autoridad, en tanto que habría aprovechado su posición como servidora pública para obstaculizar la labor legítima de los uniformados.
Con el inicio de esta etapa procesal, la Procuraduría comenzará la recolección de pruebas que permitan verificar la ocurrencia de los hechos denunciados. El objetivo es determinar si estos constituyen una falta disciplinaria y si, en efecto, hubo uso indebido del cargo. La investigación también busca establecer si la concejal actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, o si su comportamiento encaja dentro de las prohibiciones disciplinarias previstas por la ley para quienes ostentan cargos públicos.
Este caso se suma a otros recientes episodios en los que autoridades elegidas han sido señaladas por usar su investidura para influir en procedimientos oficiales. La actuación de Londoño Sanna, de comprobarse irregular, no solo comprometería su responsabilidad disciplinaria, sino que también plantearía cuestionamientos éticos sobre el manejo del poder y la separación entre lo político y lo operativo en contextos de orden público.
