La noche del 11 de agosto de 2025, hombres armados que se movilizaban en motocicletas atacaron a Edwin Restrepo, candidato al Consejo Municipal de Juventudes por el partido Comunes y reconocido líder ambiental del oriente de Cali. El hecho ocurrió mientras compartía con otros jóvenes de su colectivo ambiental. Aunque Edwin logró refugiarse, recibió un impacto de bala en una pierna.
Este atentado se suma a una serie de hostigamientos y desplazamientos interurbanos que ha sufrido el joven por su labor comunitaria, ambiental y política. Su trayectoria lo ha convertido en un referente de defensa del territorio y construcción de paz, pero también en blanco de amenazas que ponen en riesgo su vida y la de quienes lo rodean.
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Llamado urgente a la acción y a la solidaridad
La Dirección Municipal de Comunes en Cali exige a las autoridades una investigación inmediata que esclarezca lo sucedido y garantice justicia para Edwin Restrepo. La organización advierte que la política no debe convertirse en un factor de riesgo para quienes construyen paz y defienden el medio ambiente. Además, hacen un llamado a las fuerzas sociales, organizaciones comunitarias y a la ciudadanía en general para frenen la escalada de violencia.
“Convocamos toda la solidaridad posible para romper el ciclo de ataques que ya ha cobrado la vida de muchos firmantes de paz, líderes sociales y políticos en el país”, expresó la colectividad.
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Un patrón de violencia contra líderes sociales
El caso de Edwin Restrepo no es un hecho aislado. Colombia atraviesa un preocupante ciclo de violencia que cobra la vida de firmantes del Acuerdo de Paz, defensores de derechos humanos y líderes sociales. En los últimos años, el asesinato y la persecución de estos actores han debilitado los procesos comunitarios y ambientales que buscan alternativas de desarrollo para las regiones más golpeadas por el conflicto.
En este contexto, lo ocurrido en Cali es una alerta sobre la fragilidad de las garantías de seguridad para quienes ejercen liderazgo social. La repetición de estos ataques demuestra la falta de medidas efectivas para frenar la violencia política y proteger a quienes trabajan por la justicia social y ambiental.
