En un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país, las autoridades presentaron este lunes a cuatro hombres señalados de participar en los recientes atentados ocurridos en Cali. Se trata de alias Sebastián, El Mono, Mocho y Lico, presuntos miembros de la disidencia ‘Jaime Martínez’ de las FARC, responsables de coordinar y ejecutar los ataques con explosivos que sacudieron a la capital vallecaucana en los últimos meses.
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De acuerdo con la información oficial, alias Sebastián y El Mono habrían sido los encargados de ubicar los vehículos cargados de explosivos en la carrera octava, frente a la Escuela Militar de Aviación, hecho ocurrido el pasado 21 de agosto que dejó seis personas muertas, más de 70 heridas y millonarios daños materiales. Por su parte, Mocho y Lico estarían relacionados con el atentado del 10 de junio en la estación de Policía Los Mangos, en el que fue utilizada una bicicleta bomba y un habitante en condición de calle fue instrumentalizado para perpetrar la acción, perdiendo la vida en el lugar.
Intercepciones y seguimientos en diferentes sectores de la ciudad permitieron las capturas
Las capturas se hicieron efectivas gracias a una labor articulada entre el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Fiscalía, el Ejército y la Policía Metropolitana de Cali, con apoyo de la ciudadanía. El operativo incluyó interceptaciones, cotejos de videos y seguimientos en diferentes sectores de la ciudad.
El alcalde Alejandro Eder celebró los resultados y reiteró que la ciudad necesita más apoyo del Gobierno Nacional para frenar la violencia. “Cali no se rinde. Hemos tenido meses muy difíciles, pero la ofensiva contra el terrorismo continuará. Este no es solo un tema de nuestra ciudad, es un problema de país. Colombia necesita invertir más en inteligencia y logística para derrotar a estos criminales”, afirmó.
Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede aportar información clave a través de la línea contra el crimen 321 394 51 56, el número de emergencias 123 y la línea 156 de la Red de Cooperantes. Actualmente, está vigente una recompensa de hasta 400 millones de pesos para quienes entreguen datos que permitan desmantelar a estas estructuras.
