La tensión social en el Valle del Cauca vuelve a encenderse. Las comunidades indígenas, articuladas en la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac), se movilizaron este martes en Cali frente a las instalaciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El motivo: exigir el cumplimiento de los acuerdos de tierras pactados con el Gobierno nacional en 2023, compromisos que, según los voceros, no han pasado del papel a los hechos.
Con carteles, consignas y la firme advertencia de elevar su protesta a un nuevo nivel, los líderes indígenas señalaron que de no haber avances tangibles este viernes 29 de agosto, procederán a bloquear la vía que conecta a Cali con Buenaventura, uno de los corredores logísticos más importantes del país.
Una deuda histórica que no se resuelve
Los pueblos indígenas del Valle sostienen que han entregado toda la documentación necesaria para acceder a los predios que fueron objeto de promesas gubernamentales desde hace dos años. No obstante, denuncian que la tramitología, la falta de voluntad política y las dilaciones en la SAE han hecho que los compromisos queden en el aire.
Voceros de Orivac recalcaron que la tierra no solo representa un tema económico, sino también cultural y espiritual. “No pedimos favores, exigimos que se cumpla lo pactado. Nuestro derecho a la tierra está ligado a la vida y a la dignidad de nuestros pueblos”, afirmaron.
La organización considera que la falta de cumplimiento por parte del Estado refleja una deuda histórica con las comunidades indígenas, que por décadas han reclamado reconocimiento, autonomía y acceso real a recursos que garanticen su permanencia en el territorio.
El fantasma del bloqueo en la vía al puerto
La advertencia de un eventual bloqueo en la vía Cali–Buenaventura no es un asunto menor. Este corredor es el eje que conecta el suroccidente colombiano con el puerto más importante del Pacífico, por donde transita gran parte de las exportaciones e importaciones del país.
Un cierre prolongado tendría consecuencias directas en la economía regional y nacional: retrasos en la cadena de suministros, aumento en los costos de transporte y afectaciones al comercio exterior. En paralelo, pondría sobre la mesa el peso político de las comunidades indígenas y su capacidad de presión frente al Gobierno.
Las autoridades locales han señalado que buscan mantener abiertos los canales de diálogo para evitar que la protesta escale a un punto crítico. Sin embargo, la desconfianza de los pueblos indígenas frente al Estado sigue siendo alta, lo que hace temer que el ultimátum se cumpla.
El plazo dado por Orivac vence este viernes. Para las comunidades, se trata de un límite claro: si no hay avances reales en la entrega de tierras, habrá bloqueos. Con esta advertencia, los pueblos indígenas buscan visibilizar su causa en el escenario nacional, donde reclaman no solo tierras, sino también respeto a su identidad y cumplimiento de los acuerdos firmados.
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El Gobierno, por su parte, tiene en sus manos evitar que el conflicto escale y que uno de los principales corredores viales del país quede paralizado. La respuesta oficial en las próximas horas será clave para medir hasta dónde llegan los compromisos del Ejecutivo frente a una deuda que, como ellos mismos reconocen, viene acumulándose por generaciones.
