El modelo de fotomultas en Colombia ha sido objeto de debate constante y algunos sectores cuestionan si realmente mejora la seguridad vial. Sobre esto, el senador Gustavo Moreno advierte que en varias ciudades existen irregularidades graves en la instalación y operación de estos dispositivos, pues apenas dos de cada tres cámaras cuentan con aval legal. En Cali, donde actualmente funcionan 40 equipos de fotodetección y la meta es ampliar la red a 80 en agosto, la concejal Ana Erazo advirtió que de las 40 nuevas cámaras que se instalarán, solo 5 cuentan con el aval técnico.
En un reciente Space en X de CW+, el senador Gustavo Moreno alertó sobre la instalación de cámaras de fotodetección sin autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que, según él, evidencia un problema de regulación y transparencia en varias ciudades del país.
“Vemos cámaras mal calibradas, cientos de casos de abusos que se denuncian anualmente”, añadió Moreno. Señalando que este problema no solo ocurre en las grandes capitales sino también en ciudades medianas como Barrancabermeja, donde la instalación de cámaras ha generado millones de pesos en comparendos en apenas un año, sin que estos recursos se destinen efectivamente a seguridad vial.
Un negocio millonario detrás de las fotomultas
Para el senador la operación de fotomultas se ha convertido en un negocio para privados y alcaldías, más que en una herramienta de prevención. En Barrancabermeja, por ejemplo, se impusieron 77.081 comparendos entre octubre de 2024 y junio de 2025, equivalentes a $77.000 millones. Cifra que, al parecer, no ingresó a las secretarías de tránsito sino que benefició a concesionarios privados.
Moreno afirmó que en Bogotá, durante el primer trimestre de 2024, se generaron 90.000 fotomultas, con un recaudo superior a $150.000 millones, de los cuales solo $20.000 millones se destinaron a campañas de educación vial, representando apenas el 15% de lo recaudado.
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Por otra parte, la concejal Ana Erazo del Pacto Hit“Las fotomultas no han disminuido la siniestralidad en proporción con el aumento desmesurado de comparendos”, manifestó el congresista. Añadió que incluso el número de fallecidos en accidentes de tránsito aumentó de 544 en 2023 a 560 en 2025, pese a la implementación de estas medidas.
La concejal Ana Erazo del Pacto histórico, se sumó a estas críticas y señaló que “ese tener las fotodetecciones no nos demuestra que eso haya ayudado a prevenir la seguridad vial. Si se siguen cobrando vidas, si no existe pedagogía, pues definitivamente hay que hacer un ejercicio ciudadano para que funcione o para que no exista”.
La cabildante también puso sobre la mesa un dato, es que las 40 nuevas cámaras de fotomulta previstas para Cali, solo cinco cuentan con estudios técnicos que justifican su ubicación, lo que, a su juicio, demuestra que el sistema sigue siendo más un negocio que una herramienta de movilidad.
Además, relacionó la situación con la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad. “Son muy rápidos para poner fotomultas, pero no para instalar cámaras de seguridad que necesitamos”, aseguró.
Reacciones y acciones legales
El senador Gustavo Moreno aseguró que desde el Senado se están revisando las herramientas jurídicas para regular la instalación de fotomultas y proteger a los ciudadanos. Además, explicó que han presentado derechos de petición y demandas legales para cuestionar cámaras instaladas sin autorización, comparándolas con “retenes ilegales en las calles de Colombia”.
