La seguridad en los Centros de Atención Especializada (CAE) de Cali dio un giro determinante tras la reciente orden judicial que instruyó a la Policía Nacional a restablecer vigilancia fija y permanente en las sedes Buen Pastor y Valle del Lili. La medida, solicitada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), busca garantizar condiciones adecuadas para los adolescentes que permanecen allí en cumplimiento de sanciones dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
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La decisión responde a la necesidad urgente de contar con apoyo constante de la Fuerza Pública, especialmente en un contexto donde se han reportado situaciones que podrían poner en riesgo la integridad de los jóvenes y afectar el normal funcionamiento de los centros. Con la presencia policial las 24 horas se pretende prevenir incidentes, fortalecer la protección y brindar un entorno más seguro tanto para los internos como para el personal encargado de su atención.
ICBF quiere priorizar la seguridad de los menores de edad
Desde el ICBF se destacó que el fallo judicial es un reconocimiento al trabajo articulado entre las instituciones del Estado y al compromiso de priorizar la vida, la seguridad y el futuro de la niñez y adolescencia. “Cada decisión que se adopta debe tener como eje central el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece la Constitución y la Ley de Infancia y Adolescencia”, señalaron voceros de la entidad.
Además de reforzar las medidas de seguridad, la vigilancia permanente permitirá avanzar en la consolidación del SRPA, que enfrenta múltiples retos en el país. El Instituto reiteró que este paso es clave para fortalecer la protección integral de los jóvenes y garantizar que las sanciones se cumplan bajo un enfoque restaurativo, respetuoso de los derechos y con oportunidades reales de reintegración social.
