Los comerciantes instalados en la calle 40 entre carreras 42 y 41F, en la Unión de Vivienda Popular, al oriente de Cali, viven días de incertidumbre por el riesgo de desalojo que se cierne sobre sus negocios. La alerta surgió tras denuncias que recibió la Personería Municipal de parte de algunos vecinos, quienes argumentaron desorden y ocupación indebida del espacio público en esa zona.
Los trabajadores, sin embargo, defienden su permanencia. Afirman que llevan años desarrollando su actividad económica en el sector y que su presencia ha significado beneficios para la comunidad. Aseguran que, después de cada jornada, limpian el área utilizada y que su trabajo no solo garantiza un sustento para sus familias, sino que también aporta a la seguridad de la zona, pues la constante actividad disuade hechos delictivos.
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Voces de los comerciantes y defensa del derecho al trabajo
Los vendedores sostienen que han consolidado un punto de encuentro clave para los habitantes del sector, donde ofrecen productos de primera necesidad. Desde su perspectiva, desalojarlos no resolvería los problemas de orden que denuncian algunos vecinos, sino que dejaría a varias familias sin sustento económico. “Estamos dispuestos a dialogar, pero necesitamos que la administración reconozca la importancia de nuestro trabajo”, señalaron algunos representantes.
En ese sentido, advierten que la situación pone en juego no solo sus ingresos, sino también su dignidad y estabilidad. Los comerciantes recuerdan que muchos de ellos iniciaron allí hace más de una década, construyendo confianza con los vecinos y contribuyendo al crecimiento económico local. Ahora, lo que temen es que una medida estricta de desalojo desconozca ese esfuerzo y los obligue a abandonar el lugar sin una alternativa clara.
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Respuesta institucional y medidas en evaluación
Desde la Alcaldía de Cali, se insiste en que el derecho al trabajo es fundamental y no será vulnerado. Sin embargo, las autoridades recalcan que no permitirán la permanencia de mobiliarios o estructuras fijas sobre el espacio público. La administración asegura que busca un equilibrio entre la necesidad de garantizar orden urbano y el respeto a quienes dependen de estas actividades comerciales.
La Personería de Cali, por su parte, estudia las quejas recibidas y analiza los posibles alcances legales de las medidas que se podrían implementar. Mientras tanto, los comerciantes permanecen a la expectativa y piden que cualquier decisión venga acompañada de concertación y alternativas viables. En el oriente de la ciudad, la tensión aumenta, y la comunidad observa con atención lo que podría convertirse en un nuevo debate sobre espacio público, economía popular y derechos ciudadanos.
