La crisis del sistema de salud colombiano se agudiza con el testimonio de pacientes que denuncian la interrupción de tratamientos vitales. El presidente Gustavo Petro reiteró que no continuará financiando a las EPS, pero los usuarios son quienes sufren directamente las consecuencias. Entre los casos más graves están los de pacientes oncológicos, quienes aseguran que al finalizar un ciclo de quimioterapia no recibieron autorización para continuar con el resto de procedimientos médicos con la Nueva EPS.
Una usuaria relató para CW+ Noticias que en la Clínica Occidente le negaron todos los trámites y citas posteriores, dejándola sin certeza sobre dónde continuará su atención. Esta situación genera temor y angustia en miles de personas con enfermedades de alto costo, quienes dependen de la continuidad en sus tratamientos para sobrevivir. “Me negaron todo lo que sigue después de la quimioterapia, y no sé a dónde me van a enviar”, señaló.
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Pacientes con discapacidad, los más afectados
El panorama es aún más crítico para los niños y adultos con discapacidad que requieren medicación y terapias constantes. Familias denunciaron que llevan hasta seis meses sin recibir medicamentos ni atención especializada. Esta falta de suministro ha puesto en riesgo pacientes vulnerables y ha deteriorado gravemente su calidad de vida.
Los afectados insisten en que el Estado debe garantizar el acceso a la salud sin intermediarios. Aunque el gobierno gira los recursos a través del ADRES, los usuarios acusan a las EPS de frenar los servicios mediante trámites burocráticos que retrasan diagnósticos, procedimientos y entrega de medicinas. “El problema está en la intermediación; esa es la que hay que abolir”, señalaron los familiares de pacientes que aún esperan soluciones.
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Reclamos por altos costos y deficiencias en el servicio
Además de la falta de tratamientos, los pacientes denuncian que deben costear de su propio bolsillo medicamentos de alto valor. Un usuario explicó que la inyección que necesita su esposa para tratar la osteoporosis cuesta un millón setecientos cincuenta mil pesos, y que ha tenido que acudir más de 50 veces a pedirla sin éxito. La falta de disponibilidad de medicamentos y la presión económica hacen que muchas familias no logren cubrir tratamientos básicos.
Los testimonios también exponen problemas de maltrato por parte de asesores y funcionarios dentro de las entidades de salud. Los pacientes sienten que la atención deshumanizada se suma a la negación de servicios y al desabastecimiento de fármacos. “Están matando lentamente a los pacientes, sin medicina y sin nada”, denunció uno de los afectados, quien pidió mayor control a las instituciones privadas y apoyo directo del gobierno para garantizar la continuidad de los tratamientos.
