La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Sara Mercedes Rodas, actual secretaria de Educación de Cali, por supuestas irregularidades en la asignación de cupos en el sistema público. El ente de control busca establecer si la funcionaria disminuyó la cobertura escolar en instituciones oficiales y recurrió a contratar el servicio con particulares, sin cumplir con los criterios legales exigidos para este tipo de procesos.
La investigación se origina en denuncias que señalan un posible desmonte de los servicios educativos en el colegio Eustaquio Palacios, lo que habría limitado el acceso de estudiantes a la educación pública. El órgano de control pretende verificar si esta reducción impactó directamente en la admisión de alumnos y si hubo un traslado de responsabilidades hacia operadores externos.
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Revisión de contratos y cifras de cobertura
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali analizará los contratos celebrados por la Secretaría de Educación con entidades privadas, con el fin de identificar si se ajustaron a la figura de excepcionalidad establecida en la ley. Según las primeras versiones, la administración local habría delegado la prestación del servicio educativo en terceros sin justificar plenamente las condiciones para hacerlo.
De igual manera, los investigadores revisarán los reportes de cobertura entregados por la Secretaría. La hipótesis apunta a que las cifras oficiales pudieron ser modificadas, lo que habría reducido el número de cupos disponibles en el sistema público. Si se confirma, estas acciones afectarían directamente a cientos de familias que dependen del acceso gratuito a la educación oficial.
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Posibles responsabilidades adicionales
El proceso disciplinario no se limita únicamente a la secretaria de Educación. La Procuraduría advirtió que, en caso de encontrar irregularidades adicionales, podría vincular a otros servidores públicos que hayan participado en la toma de decisiones relacionadas con la cobertura escolar y la contratación de servicios educativos. La intención es determinar responsabilidades individuales y colectivas dentro de la administración municipal.
El ente de control insiste en que la prioridad es garantizar el derecho a la educación y asegurar que la gestión pública cumpla con los principios de transparencia y legalidad. Con este proceso, la Procuraduría busca evitar que decisiones administrativas comprometan la formación de miles de niños y adolescentes de Cali, quienes dependen del sistema oficial para continuar sus estudios.
