Recientemente las autoridades de Cali realizaron un operativo para recuperar un predio ubicado en el corregimiento de Golondrinas, que había sido ocupado y construido de manera irregular. La construcción, que incluía una vivienda de varios pisos y áreas como piscina y parqueaderos, llamó la atención por su tamaño y ubicación en una zona de reserva natural. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre cómo se permitió la edificación de una construcción de tales dimensiones en un terreno que, según la ley, es de uso público.
El predio, al parecer, estaba siendo desarrollado por un empresario vinculado al sector minero, quien asegura que posee la propiedad desde hace varios años y que ha seguido los procesos legales correspondientes, según información obtenida por El Tiempo. Las autoridades, sin embargo, señalaron que el terreno es de dominio público y que la ocupación irregular ponía en riesgo el ecosistema del área.
El terreno recuperado abarca cerca de 50.000 metros cuadrados. Tiene una vivienda de tres pisos que incluye una piscina, parqueaderos y espacios destinados a recreación, construidos en aproximadamente 1.200 m2 del total del terreno. Durante varios meses, las autoridades realizaron sobrevuelos y monitoreo de la zona, registrando el avance de la construcción antes de intervenir.
Documentos consultados por el medio señalan que la familia vinculada al predio ha estado asociada a empresas del sector de transporte y minería. Sin embargo, las autoridades mantienen que la propiedad del terreno en Golondrinas corresponde al Estado y que la construcción se desarrolló sin las licencias necesarias.
Reacciones y acciones legales
El empresario que reclama la propiedad del predio argumenta que adquirió la tierra a través de cesión en años anteriores. Argumenta que los operativos de recuperación vulneraron sus derechos, especialmente porque durante el desalojo había menores de edad presentes. Según sus representantes legales, el valor de la vivienda y de los materiales empleados no coincide con la percepción de “lujo” que han reportado. Asimismo señalan, que algunas de las estructuras, como la piscina, cumplen funciones prácticas de almacenamiento de agua por falta de servicios básicos.
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Las autoridades y la CVC han retomado el proceso de recuperación del terreno, resaltando la importancia de la protección de áreas de reserva ambiental. Además, el caso ha generado recursos legales, denuncias y solicitudes de coadyuvancia ante entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Por el momento se evalúa la validez de los argumentos del reclamante y se asegura el cumplimiento de la normativa sobre bienes de uso público.
