La ciudad de Cali enfrenta un nuevo episodio de tensión social tras las advertencias de la llamada Minga Viviendista, un movimiento que agrupa a decenas de organizaciones comunitarias. Según reveló la Revista Semana, sus voceros habrían condicionado la no realización de bloqueos a que la Alcaldía acepte reconocerlos como consejo comunitario afro, figura jurídica creada en la Ley 70 de 1993 para comunidades negras y que garantiza acceso a derechos colectivos sobre territorio y representación.
El planteamiento ha despertado un fuerte debate, pues sectores sociales y líderes afrodescendientes consideran que esta solicitud desconoce el sentido histórico de la norma, diseñada como un instrumento de defensa cultural y territorial para las comunidades negras del país. Para ellos, otorgar tal aval a un movimiento con fines principalmente urbanos y de vivienda representaría un uso indebido de un derecho adquirido tras décadas de lucha.
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La administración distrital, por ahora, guarda silencio frente al caso, lo que mantiene la incertidumbre sobre posibles bloqueos en las principales vías de la capital vallecaucana. No sería la primera vez que este movimiento recurre a la protesta: el pasado 29 de julio ya había adelantado una jornada en los alrededores del CAM, donde se denunciaron presuntos incumplimientos estatales en acuerdos relacionados con la entrega de predios.
Antecedentes de la Minga Viviendista
La Minga Viviendista de Cali se presenta como una plataforma social que combina la tradición ancestral de la minga el trabajo comunitario colectivo con la defensa urbana del derecho a la vivienda y a la tierra. En su discurso, aseguran que buscan soluciones de fondo frente a los desalojos y el acceso a hábitat digno, objetivos que han llevado a articularse con organizaciones campesinas y populares de todo el suroccidente colombiano.
El grupo afirma que la Sociedad de Activos Especiales se comprometió en 2023 a entregar seis predios, tanto urbanos como rurales, acuerdo que, según ellos, no ha sido cumplido. Esta situación ha impulsado nuevas presiones hacia la Alcaldía y mantiene vivo el riesgo de que se repitan bloqueos, en medio de un panorama ya sensible por la conflictividad social en la región.
